Por Oscar Díaz Salazar
Mucho se ha estudiado, y varios libros se han escrito, sobre el sistema político mexicano, en particular de lo que para muchos es su piedra angular: el presidencialismo, y en este, las facultades meta constitucionales del presidente, es decir, las atribuciones que no están contempladas en la Constitución o en alguna ley, pero funcionan y tienen aplicación, validez y vigencia, en razón de la tradición y la cultura política de nuestro pueblo.
En nuestro país, y mientras gobernó el PRI, el titular del Poder Ejecutivo Federal (presidente), era también el dirigente de facto de su partido (PRI), de las organizaciones adheridas al partido, jefe de la fracción mayoritaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión, jefe de todos los organismos paraestatales, rector supremo de todas las universidades autónomas, magistrado y patrón del poder judicial y voz cantante, de mando y última en todas y cada una de las oficinas públicas, lo mismo estatales, federales, municipales, autónomas, y de todos los órdenes y niveles de gobierno.
Los Ejecutivos todopoderosos son una realidad que está cambiando. Atrincherados en los organismos autónomos y en los otros poderes, los grupos tradicionales de poder, «los emisarios del pasado», para decirlo al estilo López Portillo, intentan hacer valer, por primera vez en nuestra historia, la división de poderes y la autonomía de institutos, poderes y organismos que se asumen no gubernamentales, aunque actúen con dinero público, ejerzan recursos públicos y decidan sobre asuntos de carácter público.
El presidente López Obrador optó por la confrontación pública, -discursiva, verbal -, con los titulares de esos organismos «autónomos» y de quienes encabezan los otros poderes. Pudo seguir la tradición de imponer su voluntad ejerciendo esos poderes meta constitucionales que sus antecesores tuvieron e hicieron uso. Pudo haber «enfermado» a los presidentes de los organismos autónomos, pudo haber jubilado anticipadamente a los ministros non gratos del poder judicial, pudo haber reformado el INE para sacar a los consejeros que hoy se enredan en la bandera de la democracia, aunque ayer fueron cómplices, por omisión, por comisión o por incapacidad, de múltiples fraudes electorales.
Hasta la fecha, el presidente ha sido respetuoso en los hechos, aunque no en los dichos, de los organismos autónomos y de los otros poderes. No ha invadido las atribuciones de las entidades mencionadas, ni ha cooptado a sus dirigentes.
A manera de ejemplo les recuerdo que Carlos Salinas operó la salida de más de la mitad de los gobernadores en funciones durante su sexenio y creó las gubernaturas alternas a las que denominó Coordinaciones del Programa Nacional de Solidaridad.
Ernesto Zedillo, presidente por accidente y de rebote, cambió totalmente a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y de los órganos de dirección del poder judicial.
El asunto de los organismos autónomos y de la división de poderes, también es tema importante en nuestro Estado, en donde algunos, que creo somos mayoría, estamos esperando que el gobernador ejerza sus atribuciones meta constitucionales para retirar de las posiciones de mando a los emisarios del pasado.
Lamentablemente no vemos que se realice el menor esfuerzo para jubilar, procesar, «enfermar» (solo para efectos de retiro), cesar, correr, suspender, remover, «convertir en asesor» o darle cualquiera de las salidas que se han utilizado para separar del cargo a quienes ya no son útiles o de confianza, de las diversas oficinas en las que se han atrincherado los panistas vaquistas.
Ahí siguen, confiados en la falta de carácter, en la tibieza, en la parálisis y en la indolencia del gobernador y en la ineficacia de sus colaboradores, los titulares de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Fiscalía del Estado, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto de Transparencia, el Sindicato de burócratas, el Poder Judicial del Estado y otras.
Le presidente optó por la disputa verbal con esos representantes del viejo régimen. El gobernador no los combate ni con palabras, ni con la fuerza pública, ni con la ley; tampoco intenta «convencerlos» de que se retiren. Ni zanahoria ni garrote utiliza Américo Villarreal con los emisarios del pasado vacuno. Tal parece que se siente muy cómodo con la etiqueta de «respetuoso de la ley», aunque eso implique convalidar los hechos de quienes no lo fueron.
