La privatización ilegal de la carretera Rumbo Nuevo

Opinión

Por Oscar Díaz Salazar

Sin tener la autorización del Congreso del Estado, – requisito indispensable para enajenar el patrimonio del Estado -, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informa que ya concursó la concesión del tramo carretero de la autopista «Rumbo Nuevo», e incluso ya hay un ganador de la licitación publicada en el pasado mes de octubre del presente año.

Esta misma semana, el primo secretario de Obras Públicas, convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer las bondades de la «privatización» de un tramo carretero, que mucho costó a los tamaulipecos, pero también es justo reconocer, mucho ha servido para comunicar la zona árida de Tamaulipas, con el resto de la entidad.

El asunto de la privatización de una carretera, que fue libre desde su diseño y construcción, hasta este día, aún se encuentra en Comisiones en el Congreso del Estado, sin dictaminar y sin resolver en definitiva por el pleno, la propuesta del Poder Ejecutivo para enajenar esa infraestructura carretera.

Ignorancia y poco respeto por la ley demuestra este actuar sin contar con el requisito indispensable, que debería preceder a todos los trámites, gestiones y compromisos, que ya fueron realizados por el primo secretario Cepeda Anaya.

Y si pretenden contradecirme citando la ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Tamaulipas o la de Obras Públicas o de Infraestructura Carretera, les diré que por encima de todas estas, está la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que en su capítulo III, articulo 58, fracción IX, relativo a las facultades del Congreso, señala:

Son facultades del Congreso:

IX.- Autorizar la enajenación de los bienes inmuebles del Estado y de los Municipios conforme a la ley, así como el gravamen de los bienes del dominio privado, cuando dicho acto implique una duración mayor al período para el cual hubieren sido electos;

Hasta aquí la cita textual.

El secretario Pedro Cepeda hizo compromisos ilegales, por no contar con la autorización del Congreso del Estado, al momento de pactarlos.