Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es una historia de corrupción que involucra a
alcaldes de Tula, jueces, funcionarios del Poder Judicial y del Gobierno del
Estado.
En 2015 el alcalde tulteco Andrés Díaz Cruz -del PRI- quiso aprovechar
fondos federales para construir la plaza (recreativo) conocida como La
Chiripa, en Arista y Matehuala, de Tula.
Como el terreno público no era suficiente, habló con el propietario
vecino, Miguel Angel Posadas Molina, para comprarle mil metros cuadrados
más. Contrataron por 600 mil pesos, de los cuales el ayuntamiento pagó
400 mil y el resto se cubriría en las siguientes semanas, concluidas las
obras.
Cuando cayera el último peso, Posadas firmaría la escrituración, lo cual
no ha sucedido en ocho años.
La transa de Juan Andrés comenzó de inmediato. Reportó a cabildo
haber pagado 450 mil… Alguien se embolsó 50 de los “grandes”.
Con fama de pillastre de siete suelas, Díaz se fue “cargado” en lo
particular.
Llegó como sucesor Antonio “Láminas” Leija que no reconoció la deuda
(según por instrucciones de “Truko” Verástegui, entonces secretario General
de Gobierno), ante lo cual Miguel Angel presentó demanda ante la entonces
Procuraduría.
El peregrinar del afectado ha sido muy largo. Entre Fiscales y
funcionarios del Juzgado se la hicieron “tablas”, en particular señala a un
tipo llamado Adolfo García Izaguirre, Juez Noveno Mixto en el pueblo, autor
de maniobras y chicanadas.
Inicialmente Izaguirre era secretario, encargado de hacer las “colectas” o
“pollas” cuando el Juez era Leonel Castillo Torres.
“La justicia está al servicio del mejor postor”, dice el afectado, cuyo
expediente no avanza en apelación en el Tribunal de Justicia, donde ya
tienen “arreglado” el tema, y hasta con escrituras a nombre del municipio.
El asunto pasó sobre el escritorio del “finito” alcalde Lenin Coronado
Posadas, igual del equipo de El Truko, que hizo también al “monje”.
Dice Miguel que la corrupción parece no haber llegado al Registro
Público de la Propiedad -unidad El Mante-, donde la escritura sigue a
nombre del propietario original. Tiene la esperanza que un día recuperará
los 200 mil pesillos que le bailaron los prianistas.
Por eso no quiere que Izaguirre ni otros rufianes con fama de
salteadores queden en el Poder Judicial, elección del uno de junio del 2025.
Los considera ladrones con nombramiento.
Es una muestra de los múltiples casos que se dan ahí en Tula, donde los
ciudadanos opinan que urge barrer la corrupción del PJ, para lo cual
prometen estar activos en la elección de magistrados y jueces.
Los que deben estar de luto son los auténticos panistas que quedan en
Tamaulipas, luego que el CEN designó a Francisco Javier García como
“consejero vitalicio” por esta región. Para que se lo quiten de encima va a
estar canijo.
Con ello el CEN oficializó al ex Gobenador como “líder moral”, o sea
dueño de las siglas en la entidad para seguir imponiendo candidatos. Se
apropió de la representación desde hace ocho años, cuando llegó al
Gobierno, y contando.
Don Francisco debe tener mieditis de andar libremente por México por
aquello de alguna orden de aprehensión que le cueste su libertad.
Aunque publica fotos y videos en sus ranchos de Soto al Marina,
convivendo con el ganado, publicó que el reconocimiento de vitalicio fue
recogido por sus hijas Sofía y Mariana (mayores de edad) en la gran capital,
de manos de su cuate Marko Cortés.
Claro que, para ser cacique no necesita una representación vitalicia.
Para lo que se necesite ahí tiene al gerente “Cachorro” Cantú y al consejo
estatal que son su gente, y seguirá porque le apostó al nuevo presidente
nacional, Jorge Romero.
Extrañamente sus contrincantes al interior del partido echaron reversa,
como José Julián Sacramento, que quiso disputarle la presidencia del CDE
a Cantú, o “El Muchacho de la Azteca” que hace tiempo críticó al cacicazgo.
Y los medios de comunicación “revivieron” el asunto de corrupción del ex
jefe de Deportes, Carlos Fernández Altamirano. Ya sin fuero como diputado
local, puede ser procesado y encarcelado.
Tiene no una sino varias denuncias penales. Sus colegas de la 65
legislatura lo acusaron ante la Fiscalía por delincuencia organizada,
falsificación de monedas y operaciones con recursos de procedencia ilícita,
y otros presuntos cometidos cuando fue gente de Francisco “N”.
Hay mucho lodo. Desviaron lana por todos lados y claro, no se
mandaban solos. Veremos si la Fiscalía Anticorrupción hace la tarea.
Hablando de la reforma al Poder Judicial estatal, culminaron los foros
organizados por el Congreso del Estado que libera Armando Prieto Herrera.
A los tres eventos se registraron más de 600 asistentes y participantes,
entre abogados litigantes, notarios, representantes de colegios y barras,
estudiantes y catedráticos de universidades públicas y privadas, jueces y
magistrados. Carro completo, pues.
El interés confirma la aspiración de los sectores sociales por tomar parte
en las decisiones que impactan a todos, una sociedad participativa y
colaborativa, en este caso designar a magistrados y jueces por voto directo
de la comunidad.
