Por: Luis Enrique Arreola Vidal
En el pantano de la política mexicana, donde los cocodrilos del pasado se disfrazan de caimanes del cambio, emerge un documento que ilumina las cloacas del poder en Tamaulipas como un reflector en una noche de huachicol.
Es un oficio de la Fiscalía General de Justicia estatal, fechado el 23 de junio de 2025 y recibido ayer mismo, el 15 de julio, que pone bajo la lupa a los hermanos Luis Gerardo y Joel Eduardo Illoldi Reyes por lavado de dinero.
No es un mero papel burocrático; es la confesión implícita de un sistema donde la corrupción no se esconde en bodegas clandestinas, sino que desfila por pasillos oficiales con membretes de “confidencial” y sellos de impunidad.
Imaginemos a Tamaulipas como un juego de fichas del viejo PRI, donde el erario se apuesta en mesas trucadas y los crupieres —ahora con camisetas de Morena— reparten ganancias a los de siempre.
Los Illoldi son esos jugadores habituales que, bajo el amparo del gobernador Américo Villarreal Anaya, han convertido el gobierno en un lavadero automático de fortunas ilícitas.
El expediente NUC: FGJTAM/PUE/IORP/08001/2025 exige al IMSS desenterrar todo: cotizaciones, cargos, beneficios, créditos y rastros laborales que expliquen cómo dos funcionarios acumularon patrimonios millonarios mientras el estado se desangra en violencia y miseria.
Si el IMSS titubea, advierte el oficio, incurrirá en obstrucción de justicia, invocando los artículos 132 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 21 constitucional: un recordatorio de que, en México, la ley es un garrote selectivo, usado contra enemigos y olvidado para aliados.
Luis Gerardo Illoldi Reyes, Secretario del Trabajo nombrado por Villarreal en julio de 2024, jura que su riqueza es un “legado familiar de toda la vida”, como si fuera un viñedo heredado en el Valle de Guadalupe y no un emporio construido sobre extorsiones y tráfico de influencias.
Pero en Tamaulipas, ese “legado” huele a las pipas robadas del huachicol, ese negocio que, como un cáncer metastásico, infecta desde las gasolineras hasta las nóminas públicas.
Investigado desde febrero por la Contraloría por enriquecimiento ilícito y venta de plazas laborales, Luis Gerardo se defiende con el clásico escudo del “golpeteo político”, mientras su esposa, Mariangela Richo Ortiz, oculta patrimonios en el Congreso local y una red de primos, cuñadas y compadres ocupa puestos clave, tejiendo un nepotismo que haría sonrojar a los caciques del viejo PRI, como los Hank González o los Moreira.
Su hermano Joel Eduardo, ex Secretario de Desarrollo Urbano en Ciudad Victoria, es el operador de campo en esta tragicomedia: un extorsionador de cuello blanco que cobraba “cuotas” de 50 mil pesos por permiso de construcción, exigía lotes en especie por gasolineras y bloqueaba obras para exprimir millones, provocando demandas colectivas que claman por justicia en un desierto de indiferencia.
Como un capo de barrio disfrazado de burócrata, Joel convirtió su oficina en un peaje ilegal donde el desarrollo urbano era solo un pretexto para el saqueo personal.
Quienes colaboraron con él lo pintan con precisión: no usan pasamontañas ni fusiles, sino membretes y sonrisas oficiales mientras vacían el erario.
Y en el centro, el gobernador Villarreal, ese médico “morenista” que llegó prometiendo curar las heridas del panismo corrupto, pero que actúa —como diría Carlos Salinas de Gortari— “que ni nos ve ni nos oye”: solemnidad en el discurso, complicidad en los hechos.
Protege a Luis Gerardo en la Secretaría del Trabajo y mantiene a Gustavo Tadeo —su operador financiero— en la Subsecretaría de Egresos, donde el dinero público se evapora como gasolina en un ducto perforado. ¿Ignorancia o complicidad? No hay ceguera más voluntaria que la del beneficiario.
Villarreal, aliado de la 4T, ha heredado los vicios del “Rey del Huachicol” Sergio Carmona, cuyo asesinato en 2021 dejó un rastro de maletas entregadas a líderes morenistas como Mario Delgado.
Mientras el CJNG intenta infiltrar el sur del estado y decomisos millonarios de diésel ilegal en Altamira van sin culpables, el gobernador llama a esta camada la “nueva generación que necesita Tamaulipas”: una analogía cruel con los “nuevos ricos” del salinismo, que saquearon privatizaciones para enriquecerse a costa del pueblo.
Este clan Illoldi es como los dinosaurios del PRI que sobrevivieron al meteorito de la alternancia: mutaron de color, pero siguen devorando el paisaje.
Sobreviven porque el sistema los nutre, con nóminas infladas, contratos hongos y extorsiones que florecen en la sombra de un gobernador que, como un padrino benevolente, extiende su manto protector.
Tamaulipas, con hospitales sin medicinas, escuelas derruidas y carreteras dominadas por el crimen, asiste a esta farsa donde el lavado no es solo de dinero, sino de conciencias: blanquean fortunas ilícitas mientras proclaman transformación.
Si algo enseña este oficio filtrado —y el silencio oficial que lo envuelve— es que la impunidad es un virus endémico, resistente a sexenios y partidos. Como todos quienes han perdido su visa o están en investigación por sus nexos con cárteles, los Illoldi representan esa élite que convierte el poder en botín familiar. ¿Quién les pondrá alto? ¿La Fiscalía, bajo presión política? ¿O el pueblo, harto de esta tragicomedia?
En un estado donde el crimen dicta agenda y los políticos bailan al son de sus pipas, la respuesta yace en el abismo de la cobardía colectiva.
Pero aquí está el documento, con fechas y números: no digan mañana que no sabían.
