CONFIDENCIAL.
Por ROGELIO RODRÍGUEZ
La Fiscalía General de Justicia del Estado no solo está enferma: está gravemente deteriorada. Lo que parecía un mal crónico pero controlable, hoy se revela como una patología terminal que corroe, desde las entrañas, todo el sistema de procuración de justicia en Tamaulipas.
Durante años se pensó que bastaba con reformas administrativas, con cambios de estructura o con nombres nuevos al frente. Pero ningún remedio ha surtido efecto, porque el problema ya no está en la forma, sino en el fondo. La Fiscalía no sufre un resfriado institucional: agoniza víctima de su propio colapso interno.
El modelo de tres pisos fue solo uno más de los experimentos fallidos. Se creyó que segmentando funciones se alcanzaría eficiencia; el resultado fue un desastre. Más de 20 mil carpetas rezagadas, responsabilidades difusas y un mando operativo debilitado. Ahora se anuncia el regreso de las Unidades Generales de Investigación, como si con eso bastara para devolverle el pulso a un organismo en coma.
Pero el mal es más profundo. La escasez de personal es crítica. Hay muy pocos agentes del Ministerio Público, policías investigadores y peritos para una carga de trabajo que los desborda. Cada agente arrastra decenas, incluso cientos, de carpetas imposibles de atender con oportunidad ni calidad.
A eso se suma una realidad incómoda: nadie quiere entrar a la Fiscalía. Los bajos salarios, las jornadas agotadoras y el riesgo constante han convertido esos empleos en castigo, no en vocación. Así, el sistema se hunde en un círculo vicioso: hay pocos aspirantes, se improvisa con lo que hay, se contrata sin rigor… y la justicia se diluye.
La falta de preparación práctica agrava el cuadro. Los nuevos agentes y peritos llegan con teoría de aula, pero sin saber cómo enfrentar una escena del crimen, interrogar a un testigo o armar una carpeta sólida.
La Universidad de Seguridad y Justicia forma académicos del derecho, no operadores de justicia. La distancia entre el aula y la calle es abismal, y las consecuencias se notan: carpetas mal integradas, investigaciones deficientes y juicios perdidos.
Y si a todo eso se añade la corrupción estructural, el diagnóstico se vuelve terminal. Las viejas prácticas no desaparecieron con el sistema acusatorio: solo aprendieron a maquillarse. Las cuotas, los favores, los expedientes manipulados y los ministerios públicos “intocables” siguen ahí, disfrazados de legalidad. La corrupción dejó de ser excepción: se volvió método.
El deterioro se agrava por la falta de liderazgo institucional. La conducción de la Fiscalía ha sido débil, rutinaria, más preocupada por la forma que por los resultados. No hay estrategia, ni capacitación real, ni estímulos, ni rendición de cuentas. Se administra el caos, no se combate. La mediocridad se volvió cultura interna.
Así, la Fiscalía se ha transformado en un aparato que ni investiga, ni sanciona, ni disuade. Un monstruo burocrático que sobrevive por inercia, mientras los delincuentes actúan amparados por la impunidad. Las víctimas, mientras tanto, esperan justicia, atención y respuestas… pero solo reciben silencio y papeleo.
Tamaulipas no necesita más reformas cosméticas ni comunicados optimistas. Requiere una cirugía de emergencia: extirpar la corrupción, profesionalizar al personal y recuperar la confianza perdida.
El regreso de las Unidades Generales de Investigación no es una cura. Es apenas un calmante para un cuerpo institucional que se desangra en su propia ineficiencia.
Mientras los mismos sigan al frente, con los mismos vicios y la misma visión, la Fiscalía seguirá postrada.
Porque la enfermedad, hay que decirlo con claridad, es mucho más grave de lo que se pensaba.
EL RESTO.
Dentro de la Fiscalía, los nombres de Natanael Castelán Iturria y Olegario Contreras Macías podrían dar de qué hablar pronto a nivel nacional. Y no por algo bueno. El primero funge como Vicefiscal de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad, y el segundo es Comisario General de Investigación.
De mi se acuerda usted.
ASI ANDAN LAS COSAS.
