SIN FILTROS
Sin Filtros; por Brenda Ramos
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el caso del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca parece ser el principio del fin de una larga impunidad tejida con hilos de poder, complicidades y miedo.
Cinco votos bastaron para mover el tablero político de Tamaulipas —y, de paso, desnudar el alma del sistema judicial mexicano.
Durante años, Cabeza de Vaca jugó al gato y al ratón con la justicia. Acumuló amparos, se rodeó de abogados con contactos en los pasillos del Poder Judicial, compró tiempo y silencios. Pero los silencios, como las deudas, siempre se pagan.
La FGR, que en 2022 obtuvo la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, nunca soltó la presa.
Persistió, incluso cuando la Corte —entonces bajo la presión de un equilibrio político más conservador— frenó su captura. Hoy, el escenario cambió, el viento sopla desde otro lado y los ministros ya no pueden fingir sordera ante el hedor del dinero sucio que dejó el panismo norteño.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, votó en contra de atraer el caso, junto a otros tres ministros. Fue una jugada predecible, el reflejo de un poder judicial que aún guarda deudas con los viejos pactos.
Pero Lenia Batres, acompañada de cuatro ministros más, inclinó la balanza a favor. Y con ese voto, no solo se reactivó un expediente, se encendió una luz en el túnel oscuro donde el exgobernador se había escondido desde hace tres años.
La narrativa de la “persecución política” volvió a escena. Cabeza de Vaca, desde su exilio dorado, repite el mismo guion que usaron Rosario Robles, Javier Duarte y Alejandro Moreno, la víctima, el mártir, el perseguido del régimen.
Sin embargo, la opinión pública aprendió a oler la mentira; la gente sabe que cuando alguien se dice perseguido, lo que en realidad teme es que le encuentren las llaves del tesoro.
Tamaulipas, sin embargo, no olvida.
No olvida los contratos inflados, las obras fantasma, los ranchos que brotaron como hongos, ni las transferencias a empresas fachada que la prensa documentó una y otra vez.
No olvida el blindaje de jueces que se vendieron al mejor postor, ni las amenazas y persecuciones contra periodistas que osaron tocar su nombre.
La atracción del caso por la Corte no solo es un acto de justicia legal; es también una reparación moral para un estado que fue saqueado a plena luz del día.
Hay que decirlo con claridad, este proceso no solo pondrá a prueba a Cabeza de Vaca, sino a las instituciones que durante años lo protegieron.
La SCJN, con esta decisión, asume su propio juicio ante la historia. ¿Defenderá la legalidad o los privilegios? ¿Harán justicia o volverán a encubrir a un político que se creyó intocable? El desenlace marcará un parteaguas en el país.
Y mientras tanto, en la trinchera política, el tablero se mueve. Los aliados del exgobernador —empresarios, diputados, operadores del PAN y del Verde, incluso algunos disidentes disfrazados de morenistas— comienzan a buscar refugio.
Saben que, si la Corte confirma la orden de aprehensión, el castillo de arena se derrumbará con estruendo. El miedo ya cambió de bando.
No les queda más que hacerse las victimas y golpear . desde el anonimato de las redes sociales. Hemos notado como se recrudece el golpeteo contra Dámaso Anaya Alvarado.
Infamias y calumnias son soltadas contra el rector y la Universidad, que en apenas dos años, y con mucho esfuerzo se posiciona ya a nivel nacional.
¿Tiene que ver esto con Cabeza de Vaca? Por supuesto, no se olvida a la Chulada saqueando la UAT y ante la inminente caída de su líder vacuno no les queda más que chillar para no ser capados.
