CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Hubo un tiempo en que impartir justicia era casi un sacerdocio civil. Los jueces eran los guardianes discretos del equilibrio social, los intérpretes de la ley que daban certidumbre a la convivencia.
Hoy, muchos de ellos se encuentran fuera del sistema judicial, no por falta de capacidad, sino por los cambios derivados de la reciente elección judicial que transformó por completo el modelo de designación.
En todo el país, y por supuesto también en Tamaulipas, decenas de juzgadores —mujeres y hombres formados en la carrera judicial— quedaron sin empleo después de años, incluso décadas, de servicio.
Son profesionales que consagraron su vida al estudio del derecho, a dictar resoluciones y a sostener el valor de la justicia en los tribunales.
No todos quisieron o supieron adaptarse al nuevo modelo. Ser juez, para ellos, no era hacer campaña ni buscar votos, sino resolver conforme a derecho y mantener la imparcialidad que exige el cargo. Ese cambio de paradigma los tomó por sorpresa y muchos decidieron no participar, fieles a la vocación técnica que los caracteriza.
Hoy, una buena parte de esos profesionistas —con 10, 20 o 30 años de experiencia— busca un nuevo espacio para continuar sirviendo al país. Son juristas de sólida formación, de criterio sereno y de profundo conocimiento de los procesos judiciales. Y ese talento, que costó años formar, no debería perderse.
México necesita aprovechar esa experiencia. Las instituciones públicas están llenas de áreas donde su conocimiento sería invaluable.
En Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia requiere personal con preparación sólida para integrar carpetas y conducir procesos, y ¿quién mejor que quienes durante muchos años fueron impartidores de justicia?
También podrían fortalecer los tribunales administrativos, las defensorías públicas, las contralorías y los órganos internos de control, donde su visión equilibrada y su dominio de la ley serían un activo enorme.
No se trata de reinstalarlos por decreto ni de mirar hacia atrás, sino de abrir nuevas rutas de aprovechamiento a su capacidad. Un país que reconoce el valor de su capital humano avanza; uno que lo ignora, se condena al rezago.
Además, si alguien conoce a fondo las debilidades y vacíos del sistema penal acusatorio son precisamente ellos. Desde la trinchera del estrado han visto sus fallas operativas, la insuficiencia de recursos, la falta de capacitación y los errores que frenan la justicia. Incorporarlos a tareas de análisis y reforma sería una decisión sensata.
El reto no es menor. México enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones judiciales y necesita reconstruirlas desde la experiencia. Los exjueces pueden ser aliados estratégicos en ese esfuerzo, no como reliquias del pasado, sino como cimientos del futuro.
Son profesionales acostumbrados a decidir con serenidad en medio de la presión, a ponderar hechos con método y razón, y a sostener el equilibrio entre la ley y la justicia. Esa es una virtud que no se improvisa ni se aprende en un curso.
Rescatar a los jueces desplazados no es un gesto simbólico: es una inversión en inteligencia institucional. Es devolverle al Estado una parte de su memoria y, sobre todo, de su dignidad.
Porque en tiempos de incertidumbre, cuando la justicia se tambalea, el país necesita más que nunca de quienes aprendieron a impartirla con pasión, conocimiento y vocación de servicio.
Conozco a muchos de esos jueces, y puedo afirmar que son personas íntegras porque siempre cuidaron su trayectoria y su prestigio. Por eso, creo que es una injusticia de la justicia dejarlos en el olvido y en el desamparo.
ASI ANDAN LAS COSAS.
