SIN FILTROS
Por Brenda Ramos
La censura avanza a grandes pasos en Río Bravo y es que disfrazada de víctima, la regidora María Guadalupe Salas Torres, detrás del poder de su puesto y la protección del Alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado, usa la ley como garrote contra la prensa.
La situación inicia luego de que una ciudadana exhibiera en redes sociales el acoso de las trabajadoras de la regidora y denunciara públicamente cómo la funcionaria habría utilizado su poder para manipular a Tránsito Municipal. En su publicación, la usuaria de redes Priscila Murillo Landeros relató que, tras la reciente pavimentación de la calle frente al consultorio (de traumatología), se borraron los cajones azules destinados a personas con discapacidad.
Como cada año, explicó, enviaron un documento al presidente municipal y a la dirección de Tránsito para solicitar el repintado —un trámite que siempre se había realizado sin problema, pues en ese sitio se atienden a pacientes con movilidad reducida—. Sin embargo, por “capricho de su vecina regidora”, la historia cambió: María Guadalupe Salas Torres habría intervenido para que el área no se pintara nuevamente, argumentando que la vía pública “no puede apartarse”, mientras ella y sus empleadas la ocupaban para estacionarse.
La publicación detalla además que elementos de Tránsito llegaron al lugar por instrucciones de la funcionaria, ordenaron borrar la palabra “exclusivo” y, entre burlas, las trabajadoras del spa grabaron video de quienes se inconformaron. “Lo hago directo desde mi perfil, no tengo que esconderme en cuentas falsas”, escribió Priscila, cansada de lo que llamó “los caprichos de la regidora” y la falta de respeto hacia espacios para personas con discapacidad.
El periodista Carlos Carreño únicamente describió la situación y reportó a la ciudadanía el abuso de autoridad cometido por la regidora, cumpliendo con su labor informativa. Pero su trabajo periodístico fue respondido con amenazas de denuncias y acusaciones falsas, en un intento de convertir la verdad en delito, imagínese usted si le deja comentarios en su red social que es pública lo que no se vaya a atrever a hacerle o mandar a hacerle en privado, sobre todo cuando la afectada relata claramente en redes y puso público lo que sucedió y el comunicador solamente lo informó.
Sobre todo porque no es la primera vez que amenazas y censuras ocurren en esta administración municipal, pues los ataques contra la prensa se han vuelto costumbre.
Este mismo año, el periodista Abraham González denunció públicamente acoso, intimidación y amenazas provenientes del propio alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado. Semanas después, Abraham murió (familiares comentaron de manera natural), dejando una sombra intolerancia del poder con el hostigamiento a comunicadores.
Incluso, quien escribe esta columna fue también víctima de intimidación en diciembre de 2024, cuando drones sobrevolaron mi casa en Río Bravo durante varias noches, en fechas cercanas a un hecho atroz, una de mis mascotas apareció muerta, con la cabeza cercenada y arrojada cerca de mi domicilio.
Hoy pedimos protección para el compañero periodista Carlos Carreño, quien ha sido objeto de amenazas por parte de la regidora María Guadalupe Salas Torres, una funcionaria que goza de posición de privilegio y del respaldo directo del alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado.
Solicitamos formalmente la intervención de la Secretaría de Gobernación y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que atraigan el caso.
La preocupación no es menor: Almaraz es un hombre de armas tomar, y es público que en 2009 fue detenido y encarcelado por la entonces PGR, acusado de presuntamente encabezar una red delictiva dedicada al robo de combustible a Pemex. Hoy, ese mismo personaje encabeza el gobierno de Río Bravo y protege a una regidora que amenaza periodistas y manipula el aparato institucional para censurar y amedrentar.
Y si algo nos enseña este episodio es que, en Río Bravo, la libertad de expresión sigue teniendo enemigos con credencial del Ayuntamiento.
