CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Aquí hemos insistido sobre ello: El campo mexicano está agonizando y lo más grave es que el gobierno federal parece no darse cuenta de que al abandonarlo, está jugando con fuego.
Desde hace años, las voces del sector agropecuario han advertido lo que hoy ya es un hecho: el modelo agroalimentario del país se desmorona.
La política agropecuaria impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y sostenida sin corrección alguna por el de Claudia Sheinbaum, ha dejado en ruinas a miles de productores.
El problema no es nuevo, pero sí se ha agravado. Desde el año 2020, el gobierno federal decidió extinguir prácticamente todos los programas de apoyo al campo. Desaparecieron los subsidios al diésel, los apoyos a la comercialización, los fondos de aseguramiento y los programas de fomento a la productividad.
Aquello que durante décadas sostuvo la actividad agrícola, ganadera y pesquera, fue desmontado bajo el argumento de que los apoyos solo beneficiarían al “sector social”.
López Obrador insistió en que los grandes productores no los necesitaban, porque —según él— podían valerse por sí mismos. Fue un diagnóstico tan simplista como destructivo.
El resultado salta a la vista en entidades como Tamaulipas. Miles de hectáreas dejaron de sembrarse. Enormes extensiones de tierra, antes fértiles y productivas, hoy son pasto del abandono. La maquinaria se ha detenido, los surcos están vacíos y las comunidades rurales se han llenado de desesperanza.
La tragedia no es solo económica. También es humana. Cientos de familias campesinas han tenido que emigrar a las ciudades, empujadas por la necesidad, dejando atrás sus tierras, sus animales y su forma de vida. El éxodo rural es silencioso, pero devastador.
Lo más doloroso es que esta crisis no es consecuencia de la naturaleza, sino de las decisiones políticas. No ha sido la sequía, ni las plagas, ni el cambio climático lo que ha puesto de rodillas al campo: ha sido la indiferencia del gobierno.
El abandono al sector agropecuario no solo es un error técnico, sino un peligro político. Jugar con la paciencia del campesino es jugar con fuego. Porque cuando el hambre se impone, la protesta se convierte en supervivencia.
El pasado martes, el país entero fue testigo de ese malestar acumulado. En más de una docena de estados, los productores agropecuarios salieron a las carreteras, bloquearon caminos, tomaron oficinas y exigieron ser escuchados. Fue un grito colectivo, una advertencia que no debe subestimarse.
En Tamaulipas, los agricultores bloquearon la carretera que conduce de Ciudad Victoria a Matamoros, a la altura de San Fernando. No lo hicieron por gusto, sino por desesperación. Llevan años sembrando en pérdidas, sin apoyos, sin precios de garantía reales, sin créditos accesibles y sin respaldo técnico.
Esa protesta no fue un hecho aislado. Fue el reflejo de una crisis nacional que amenaza con convertirse en un problema social de grandes proporciones. El campo mexicano se está vaciando, y con él se vacía la esperanza de millones de familias.
La actual administración federal no puede seguir repitiendo el mismo discurso ni aplicando las mismas recetas. Ya no hay margen para la demagogia ni para los paliativos. Se requiere una política agropecuaria moderna, eficiente, incluyente y equitativa.
Seguir destinando los recursos del campo solo a programas asistenciales es perpetuar la pobreza rural. Los productores no piden dádivas, piden condiciones justas para trabajar, producir y competir. Piden crédito, infraestructura, insumos y precios que les permitan vivir de su esfuerzo.
El gobierno federal ha confundido justicia social con abandono. Ha convertido la política agropecuaria en un instrumento de control electoral, en lugar de un motor de desarrollo. Y esa miopía puede tener consecuencias graves.
México no puede darse el lujo de depender de los alimentos importados. Cada hectárea que se deja sin cultivar, cada productor que abandona el campo, nos acerca un poco más a la dependencia alimentaria.
El hambre, cuando se vuelve colectiva, tiene fuerza política. Y esa es la chispa que puede encender un país entero. El gobierno debe entenderlo antes de que sea demasiado tarde.
Reactivar el campo no es una opción: es una obligación de Estado. La seguridad alimentaria es tan importante como la seguridad nacional. No hay soberanía posible cuando el pueblo no tiene qué comer.
Hoy, los surcos del país no solo esperan lluvia, esperan justicia. El gobierno tiene en sus manos la oportunidad de rectificar. Si no lo hace, las próximas cosechas no serán de maíz ni de sorgo: serán de descontento.
Porque, al seguir abandonando al campo mexicano, el gobierno está, sin duda alguna, jugando con fuego.
ASI ANDAN LAS COSAS.
