CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas empieza, por fin, a mostrar un rostro distinto en su tarea de vigilar el destino que los funcionarios le dan a los dineros públicos.
Se percibe la intención de fiscalizar de verdad y no simplemente de simular.
Desde su llegada a la titularidad de la ASE, Francisco Noriega Orozco ha dado señales de que la fiscalización va en serio. Y sobre todo, ha puesto criterio profesional donde durante mucho tiempo reinó la consigna política. No es poca cosa.
Tamaulipas necesita, desde hace décadas, una Auditoría que vigile el destino del dinero público sin miedo, sin favores y sin colores. Una Auditoría que no sirva para perseguir adversarios, ni para absolver amigos como sucedió durante las anteriores administraciones estatales.
Se nota una estrategia más seria y más meticulosa para revisar el gasto público. Y eso, es un gran paso.
Se percibe, por primera vez en mucho tiempo, la intención genuina de decirle a los tamaulipecos en qué se gastó cada peso.
Y eso hay que reconocerlo. Pero hay que aclarar algo: la Auditoría ha mejorado, sí, pero todavía está lejos de la fuerza que el momento exige. Avanzar no basta, ahora se necesita acelerar.
El propio auditor informó esta semana que entregó al Congreso 300 informes de resultados correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Y el dato que soltó es para preocupar: el 60 por ciento de esas cuentas públicas están reprobadas. Son 180 entes gubernamentales sin sustento claro del gasto.
El monto cuestionado ronda los 10 mil millones de pesos.
Diez mil millones que no tienen explicación suficiente. Diez mil millones que no están acompañados de documentos, contratos, facturas o evidencia mínima sobre su destino.
Entre los entes reprobados figuran 40 ayuntamientos.
Cuarenta administraciones que no pudieron comprobar miles y miles de millones.
¿A dónde fueron a parar esos 10 mil millones de pesos? Esa es la pregunta que la Auditoría no puede dejar colgada en el aire.
No se afirma que alguien se los robó. No se presume que terminaron en cuentas personales. Simplemente no se sabe qué pasó con ellos, y eso es tan grave como cualquier desfalco.
La Auditoría ya aplicó multas a 70 funcionarios que entregaron información tarde, incompleta o sospechosa. Es un paso, sin duda.
Pero no es suficiente.
Porque la fiscalización no puede quedarse en los apercibimientos ni en las multas administrativas. El tamaño del problema exige procesos penales, responsabilidades claras y consecuencias reales.
Solo así la Auditoría demostrará que el cambio no es cosmético, sino profundo. Solo así demostrará que las cosas van en serio. Pero sobre todo, solo así entenderán los servidores públicos que deben pensarlo dos o más veces antes de que cedan a la tentación de tomar dinero que no es suyo.
Noriega Orozco tiene el perfil técnico y la preparación para lograrlo.
Es, quizá, uno de los auditores mejor formados que han tomado el cargo.
Pero su talento debe reflejarse en resultados más firmes y más contundentes. El momento exige apretar. Exige dejar claro que el dinero público no es un botín ni una bolsa sin dueño. Y exige que quien no pueda explicar un gasto, cargue con las consecuencias.
Insisto: se ve y se nota un cambio en el desempeño de la Auditoría.
Un cambio que se agradece, que se reconoce y que se nota.
Pero falta dar el salto decisivo: fiscalizar ya no es suficiente, ahora hace falta castigar.
Solo entonces sabremos, de verdad, que el organismo dejó de ser rehén de la política para convertirse en garante del dinero de todos.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
