Por Julio Manuel Loya Guzmán/EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Cd. Victoria, Tamaulipas.— Aunque la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública es presentada como un avance, en los hechos no garantiza ni define plazos claros para el regreso de las policías municipales, dejando la responsabilidad operativa y financiera en manos de los ayuntamientos, muchos de los cuales carecen de capacidad presupuestal y técnica.
Durante la Mañanera Legislativa celebrada la tarde de este viernes 19 de diciembre, la diputada local Katalyna Méndez, confirmó que la nueva ley, únicamente “exhorta” a los municipios a crear o reinstalar sus policías, pero sin establecer obligaciones, tiempos ni recursos etiquetados.
La legisladora reconoció que la aplicación de la ley implicará una reingeniería total del sistema de seguridad pública a nivel municipal, estatal y nacional, lo que anticipa ajustes presupuestales complejos, sin que hasta ahora se haya detallado con qué fondos se financiará la operación ni cómo se sostendrán corporaciones locales funcionales.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un protocolo estatal de actuación del primer respondiente, que pretende ordenar las atribuciones de cada instancia. Sin embargo, este mecanismo no resuelve el vacío operativo en municipios que hoy no cuentan con policías propias o que dependen totalmente de fuerzas estatales y federales.
De acuerdo con la diputada, en una primera etapa los ayuntamientos serían facultados y capacitados, pero nuevamente sin claridad sobre recursos, tiempos ni metas medibles, lo que deja el fortalecimiento de las policías municipales como una promesa de largo plazo en un contexto de inseguridad persistente.
Otro punto crítico es la actualización de los bandos de policía y buen gobierno, documentos básicos que, según se admitió desde el Congreso, algunos municipios no han renovado en más de 20 años o simplemente no existen, exhibiendo el rezago institucional que la nueva ley no logra resolver de fondo.
La reforma, dijo Katalyna Méndez, abre canales de comunicación entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia y los ayuntamientos; no obstante, la coordinación ya prevista en la ley no se traduce automáticamente en mayor seguridad, mientras continúe la falta de policías municipales operativas y de financiamiento real.
