GOLPE A GOLPE
Por Juan Sánchez Mendoza
La reforma a la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) se vendió como una medida responsable, técnica y necesaria para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, al revisar a fondo su contenido, la conclusión es inevitable: el rescate del Fondo de Pensiones no lo pagan quienes lo quebraron, sino los trabajadores.
La nueva reforma fue aprobada en sesión extraordinaria el pasado 19 de diciembre y entró en vigor el 1 de enero del año en curso, sin debate público suficiente y con la prisa que acompaña a las decisiones políticamente costosas.
El decreto redefine objetivos, amplía facultades y reorganiza el régimen de seguridad social, pero introduce un cambio de fondo: incrementa de manera severa las cuotas y aportaciones de los empleados públicos.
El Fondo de Pensiones se financiará con una aportación total del 27 por ciento del salario de cotización, de los cuales el trabajador aportará el 10.5%, incluidos los empleados en régimen de transición –o sea, quienes ingresaron antes de 2015–, y que hasta ahora cotizaban apenas el 6%, tras la reforma de 2014.
Para los jefes de departamento, la deducción alcanzará hasta el 22.5 por ciento del salario. Un golpe directo al ingreso mensual.
Hablamos de 51 mil burócratas en activo, que laboran al servicio del Gobierno del Estado –esta cifra es reconocida por Luisa Manautou Galván, secretaria de Administración–, quienes por decreto deberán pagar más para sostener un sistema que, aun con esta reforma, seguirá en quiebra al menos hasta el año 2030, de acuerdo con los propios diagnósticos oficiales.
Más descuentos hoy, sin garantía real de estabilidad mañana.
Las llamadas ‘letras pequeñas’ de la reforma revelan una lógica perversa: que los trabajadores no se pensionen, que permanezcan más tiempo en activo, aportando, mientras las deducciones salariales sirven para tapar el boquete financiero provocado por años de saqueo al IPSSET.
Un saqueo con responsables identificados: Óscar Almaraz Smer (+), Jorge Silvestre Ábrego Adame, Lourdes Benavides Hinojosa, Luis Leonel Salinas Martínez y la hoy indiciada María de Lourdes Arteaga, entre otros, que durante años dispusieron del fondo sin que el castigo haya sido proporcional al daño causado.
Para la diputada Silvia Isabel Chávez Garay (morena), el impacto de la reforma pareció irrelevante. Su ignorancia quedó en evidencia cuando intentó justificar los cambios afirmando que obedecen a una “visión preventiva y de largo plazo frente a las presiones estructurales del sistema de pensiones derivadas de factores demográficos y económicos”, incorporando –según dijo– criterios de “equidad contributiva, solidaridad intergeneracional y viabilidad actuarial”.
Un discurso técnicamente adornado que no explicó absolutamente nada, porque no podía explicar lo inexplicable: que una reforma que presume equidad termina cargando el costo del desastre financiero sobre los hombros de los trabajadores; que la llamada solidaridad intergeneracional se traduce en más descuentos salariales inmediatos; y que la supuesta viabilidad actuarial no evita que el Fondo continúe en números rojos durante varios años más.
La reforma también endurece sanciones a las entidades públicas que incumplan con el entero de cuotas, establece intereses moratorios y redefine los criterios para pensiones por invalidez, jubilación y fallecimiento.
Todo parece ordenado en el papel. Todo, menos lo fundamental: la justicia.
Porque la pregunta sigue ahí, incómoda, sin respuesta oficial y sin voluntad política de ser atendida:
¿No salía más barato y, sobre todo, más justo, que la Fiscalía detuviera y obligara a resarcir el daño a quienes saquearon el IPSSET, en lugar de imponer por ley a los burócratas el pago de lo que otros se llevaron?
La reforma ya está vigente. Los responsables del quebranto siguen libres. Los trabajadores, pagando.
Esta es, en los hechos, la verdadera esencia del llamado rescate al Fondo de Pensiones.
Cicuta
Suman 20 los aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas que está acéfala de titular desde el pasado 15 de diciembre de 2025.
Por tanto, ateniendo la convocatoria, este día sesionará la Comisión Permanente para revisar los expedientes y verificar el cumplimiento de los requisitos, para mañana entrevistar a quienes hayan sorteado esa etapa.
La terna finalista será presentada al pleno, que, aunque por mandato constitucional está obligada a abrir su período ordinario de sesiones el día 15 de enero, podría acudir a una asamblea extraordinaria días antes.
Y eso me lleva a suponer que ‘la línea’ ya está marcada.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
