*Se ordenó reponer el proceso tras detectar fallas en la valoración de pruebas sobre la presunta relación del exgobernador con el grupo delictivo
*La imputación descansa principalmente en los testimonios de cinco testigos protegidos, uno de los cuales afirmó haber entregado un millón de dólares en efectivo al político en Reynosa.
EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Monterrey, Nuevo Leon.- Un Tribunal Federal otorgó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, dejando sin efecto el auto de formal prisión que pesaba en su contra.
Sin embargo, el expriista continuará en prisión ya que el Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Nuevo León, solo lo amparó para efecto de que el juez del caso celebre otra audiencia en la que determine una nueva resolución con base en las pruebas presentadas.
La sentencia fue emitida por Angélica Lucio Rosales, magistrada de Nuevo León, quien determinó que la autoridad judicial previa no cumplió con los estándares legales mínimos al emitir su fallo.
De acuerdo con la magistrada Lucio Rosales, no se valoraron las pruebas de descargo presentadas por Yarrington antes de la audiencia, lo que representó una violación directa a su derecho de una defensa adecuada.
Este caso se remonta a las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que sostiene que el Cártel del Golfo financió la campaña de Yarrington en 1998 y le brindó apoyo durante su mandato.
La imputación descansa principalmente en los testimonios de cinco testigos protegidos, uno de los cuales afirmó haber entregado un millón de dólares en efectivo al político en Reynosa. Sin embargo, la defensa ha cuestionado severamente estos relatos, argumentando que carecen de precisión sobre montos, lugares y fechas exactas de las presuntas entregas.
Antecedentes y el futuro del proceso contra el exgobernador
El proceso contra Yarrington ha sido largo; apenas en abril de 2025 se dictó el auto de formal prisión, el cual fue confirmado por un tribunal de Tamaulipas en octubre del mismo año.
Tras este nuevo amparo, se ha programado una audiencia especial. En ella, se exige emitir una nueva decisión que obligatoriamente revise las pruebas presentadas por la defensa.
Mientras el caso se analiza de nuevo, la veracidad de los testimonios de los informantes de la DEA y la FGR está en duda. Esto marca un precedente importante sobre cómo se evalúan los procesos judiciales que dependen de testigos protegidos.
