Por Oscar Díaz Salazar
Es muy probable que en este mismo mes de enero, se vuelva a concesionar el servicio de estacionometros de Ciudad Victoria. La concesión primera llegó al fin de su periodo de vigencia, y hoy el presidente municipal se prepara para “amarrar” uno de los negocios que tendrán vigencia después de su salida del gobierno.
Aunque no se han divulgado detalles de los planes de Gattas en relación a los parquimetros, ni se ha cabildeado el tema, porque no es costumbre del alcalde victorense socializar, discutir y mucho menos consensuar los asuntos, el tema ya se ha filtrado.
El presidente Gattas y los integrantes del Cabildo, particularmente los postulados por morena, tienen la oportunidad de retomar ese servicio y relevar a la iniciativa privada, que al menos en este tema en particular, no ha dado pruebas de ser o hacer las cosas mejor que el gobierno.
Pero peco de iluso al reclamar congruencia y apego a los principios, ideología y prácticas de la izquierda, en individuos formados en el priismo de los últimos tiempos, en una época en que existía una simbiosis con la derecha panista, y un divorcio con la corriente nacionalista del mismo PRI.
El alcalde Gattas, que tiene de izquierdista y progresista, lo que Donald Trump de comunista, pretende asegurar un negocio por quince años, y si bien puede imponer su voluntad a los ediles, la duración de la concesión requiere la autorización del Congreso del Estado.
Será interesante observar el desarrollo de este asunto, en el que necesariamente se requiere la participación de otro nivel y orden de gobierno, si se quiere expedir la concesión por un tiempo que rebasa el trienio en que estará en funciones el Ayuntamiento.
Es posible que Gattas le suba el nivel a la transgresión de los usos y costumbres de la política local, y persista en adjudicarse méritos, propuestas, iniciativas y éxitos, que corresponden al gobernador y / o que se tenia la costumbre de ceder el mérito al Ejecutivo del Estado.
Hoy Gattas no solo se niega a ceder el mérito al gobernador, también se atreve a negárselo en los casos en que es evidente, público y demostrable que las obras y las cosas se hicieron por la voluntad del gobernador y los recursos del gobierno estatal.
