Martín Díaz / Periodismo con Firma
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. – El Pleno del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exigir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la fiscalización inmediata de los recursos públicos, contratos y convenios relacionados con la Feria de Río Bravo 2025. La medida se tomó mediante el mecanismo de urgencia, lo que obliga a una revisión directa sin pasar por el trámite de comisiones.
Falta de contratos y presunto desvío de recursos
La solicitud, presentada por la diputada Lucero Deosdady Martínez López, se fundamenta en señalamientos por la falta de transparencia en la contratación de servicios y espectáculos artísticos durante el evento celebrado del 5 al 28 de diciembre. Entre las presuntas irregularidades documentadas que motivaron la intervención destacan:
Inexistencia de documentación: Ausencia de contratos formales para la prestación de servicios y el uso de juegos mecánicos.
Modificaciones a la Unidad Deportiva: Alteraciones en la infraestructura de la unidad deportiva local que no corresponden al objeto de la inversión estatal original.
Opacidad en el gasto: Falta de claridad en la ejecución presupuestal de los recursos municipales destinados al evento.
Ruta legal y plazos
Al aprobarse como un asunto de «urgencia y obvia resolución», la ASE queda facultada para iniciar la investigación de manera inmediata. Según lo expuesto en tribuna, se espera que el órgano fiscalizador rinda un informe sobre los hallazgos en un plazo aproximado de dos semanas.
El acuerdo establece que, de encontrarse evidencia de delitos o incumplimientos administrativos, los resultados se remitirán a la Fiscalía Anticorrupción para el inicio de los procesos penales correspondientes.
Contexto de la fiscalización
La decisión de la 66 Legislatura responde a las denuncias ciudadanas por afectaciones urbanas y deficiencias en la planeación del evento. Con esta resolución, el Poder Legislativo formaliza la vigilancia sobre la administración municipal de Río Bravo, señalando que la autonomía presupuestal no exime al ayuntamiento de la obligación de comprobar el destino de cada peso ejercido.
