Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
México no está viviendo una reforma.
Está viviendo una depuración del sistema político.
No es un ajuste técnico.
Es una reingeniería del poder.
Se reducen plurinominales.
Se reduce el financiamiento público.
Se compacta la representación.
Se simplifica la pluralidad.
Y cuando la pluralidad se simplifica, el poder se concentra.
Durante años, el Partido Verde y el PT caminaron bajo la sombra del oficialismo.
Votaron disciplinadamente.
Acompañaron reformas estructurales.
Respaldaron la erosión de contrapesos, incluida la debilitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como límite real del Ejecutivo.
No fue ingenuidad.
Fue cálculo.
Un escaño más.
Una prerrogativa asegurada.
Un presupuesto estable.
El presidencialismo mexicano no funciona con afectos.
Funciona con incentivos.
Reducir plurinominales significa reducir refugios políticos.
Reducir financiamiento significa reducir autonomía.
Reducir representación proporcional significa reducir margen de negociación.
Es decir: reducir intermediarios.
Y cuando el poder ya no necesita intermediarios, los aliados se vuelven prescindibles.
La hegemonía no se ejerce con discursos épicos.
Se ejecuta con instrumentos administrativos.
Fiscalías que abren carpetas.
Auditorías que priorizan objetivos.
La Unidad de Inteligencia Financiera que congela cuentas.
Investigaciones que avanzan… o que se detienen oportunamente.
La política mexicana ya mostró cómo funciona esa disciplina parlamentaria cuando la aritmética peligra: presiones coinciden con expedientes activos, y cuando el voto se alinea, la urgencia institucional se desvanece.
No es teoría.
Es mecánica de poder.
La historia mexicana ofrece precedentes más duros.
En 1971, bajo el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, el presidencialismo mostró su capacidad de enviar mensajes generacionales completos.
El 10 de junio, el Halconazo dejó claro que el Estado podía disciplinar protestas juveniles si percibía amenaza estructural.
No fue solo represión.
Fue advertencia.
Cinco años después, en 1976, el sistema cerró el círculo: José López Portillo fue candidato único.
Sin competencia real.
Sin alternativa efectiva.
La elección se convirtió en trámite administrativo.
Cuando los contrapesos se erosionan y la competencia se debilita, la pluralidad se vuelve decorativa.
Hoy México no está en 1971.
No está en 1976.
Pero antes del reciente ciclo de protestas encabezadas por la generación Z, el país volvió a presenciar despliegues preventivos, contenciones reforzadas y operativos de disuasión que enviaron un mensaje inequívoco: el orden político no se discute, se administra.
No hubo Halcones.
No fue el mismo escenario.
Pero el preámbulo dejó una señal conocida en la memoria histórica: cuando el poder siente riesgo estructural, la respuesta no es apertura; es control anticipado.
El presidencialismo puro no necesita repetir la historia.
Solo necesita recordar que puede hacerlo.
Y aquí aparece la ironía brutal que los aliados comienzan a comprender demasiado tarde:
Ayudaron a desmontar los límites que hoy podrían protegerlos.
Pensaron que la concentración era estabilidad.
Pensaron que el control era gobernabilidad.
Pensaron que el centro siempre necesitaría socios.
Pero el poder sin contrapesos no comparte.
Administra.
Administra mayorías.
Administra lealtades.
Administra silencios.
Y cuando la representación se reduce, la competencia deja de ser alternativa y se convierte en permiso.
La oposición enfrenta ahora una disyuntiva histórica.
PRI, PAN y Movimiento Ciudadano no están ante una reforma más.
Están ante una redefinición del equilibrio republicano.
Divididos, son anecdóticos.
Unidos, pueden ser contrapeso.
Porque la democracia mexicana no se extingue de golpe.
Se racionaliza.
Se ajusta.
Se optimiza.
Hasta que un día despierta con una sola opción viable.
La historia mexicana ya mostró lo que ocurre cuando el presidencialismo se queda sin límites.
No colapsa de inmediato.
Se consolida.
No grita.
Administra.
No clausura elecciones.
Las convierte en trámite.
Y cuando eso sucede, ya no se necesita prohibir la oposición.
Basta con volverla irrelevante.
Por eso, si los partidos opositores no actúan ahora en conjunto —sin cálculos mezquinos, sin egos, sin tácticas de corto plazo— no serán víctimas del oficialismo.
Serán cómplices de su propia extinción.
Porque el poder concentrado no perdona ingenuidades.
Y si no entienden que esta reforma redefine el equilibrio republicano, si no construyen un frente real que restituya contrapesos, si no comprenden que la historia no avisa dos veces…
Entonces sí.
En el pecado llevarán la penitencia.
Porque cuando la oposición renuncia a ser contrapeso, el presidencialismo deja de ser gobierno y se convierte en destino.
Y esa penitencia no será un escaño perdido, ni un presupuesto reducido, ni una comisión cancelada.
La penitencia será la democracia mexicana.
