Martín Díaz / Periodismo con Firma
La reciente iniciativa presentada por la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz pone sobre la mesa un tema urgente: la orfandad que deja el feminicidio. La propuesta busca que el Estado garantice, de manera automática, becas, salud y servicios psicológicos a los hijos y dependientes de mujeres asesinadas por razones de género. Hasta ahí, la intención parece irreprochable. Sin embargo, al analizar la letra pequeña, surge una pregunta incómoda: ¿Vale más el hambre de un huérfano por feminicidio que la de un huérfano por un asalto o un fuego cruzado?
La reforma, tal como está planteada, crea una jerarquía de víctimas que resulta, por decir lo menos, discriminatoria. Si un niño pierde a su madre en un feminicidio, el Estado le garantiza el estudio y la salud por ley. Pero si ese mismo niño pierde a su padre en un homicidio doloso o a su madre en un hecho violento que no encaja en el tipo penal de «feminicidio», queda condenado al olvido institucional y a los laberintos burocráticos de una Comisión de Víctimas que no funciona.
¿Acaso el dolor se mide por el código penal? La vulnerabilidad de un menor que queda en el desamparo no debería depender de la etiqueta que un fiscal le ponga al crimen. Un niño sin sustento es un niño en riesgo, punto. Al legislar solo para un sector, el Estado admite su incapacidad para proteger a la totalidad de las víctimas indirectas de la violencia que azota al país.
Es una «justicia de nicho». Mientras la senadora Sosa busca cumplir con una agenda de género necesaria, olvida que la Constitución prohíbe la discriminación y ordena la protección más amplia para todas las personas. En un México donde la violencia no distingue géneros al momento de destrozar familias, la ley tampoco debería hacerlo.
La protección debe ser universal. Si el Estado tiene los recursos para asegurar el futuro de los hijos de las víctimas, que lo haga para todos. De lo contrario, seguiremos administrando la tragedia con criterios selectivos, mientras el resto de los huérfanos de la guerra invisible que vive México siguen siendo ciudadanos de segunda.
