Especialista en políticas públicas.
La reciente postura del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, marca un cambio relevante en el discurso y orientación de la política exterior mexicana: el reconocimiento pleno de las personas migrantes como eje estratégico del desarrollo nacional y como protagonistas en la relación entre México y el mundo.
Este enfoque coloca a la movilidad laboral en el centro de la acción diplomática, con implicaciones profundas para la reforma de la Ley de Migración —vigente desde 2011— que hoy es motivo de revisión y actualización por parte del Congreso y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Desde esta óptica, el mensaje del nuevo secretario sintetiza una idea poderosa: los migrantes no son únicamente sujetos de protección ni beneficiarios de políticas compensatorias; son agentes de producción, innovación y cohesión social. En particular, «la movilidad laboral» debe asumirse como una política de Estado que vincule desarrollo, inversión y derechos humanos, y que garantice condiciones seguras y justas para quienes se desplazan en busca de empleo.
Diagnóstico
La nueva política exterior mexicana coloca en el centro a las personas migrantes como actores del desarrollo y no solo como sujetos vulnerables a proteger.
Sin embargo, esta narrativa contrasta con una realidad presupuestal y operativa muy limitada en la Embajada y la red consular de México en Estados Unidos, especialmente para atender jurídicamente a la diáspora indocumentada.
- Visión de movilidad laboral… con pies de barro
El discurso oficial apunta hacia una política exterior de movilidad laboral moderna, vinculada al desarrollo económico, la inversión inteligente y el fortalecimiento de habilidades técnicas y profesionales de los migrantes.
Se habla de una diplomacia que impulse acuerdos bilaterales para una contratación legal, ordenada y segura (programas H2-A, H2-B, TN, etc.), en sintonía con el mandato constitucional de proteger los derechos laborales de las y los mexicanos, dentro y fuera del territorio nacional.
Pero esa misma visión tropieza con un dato incómodo: los recortes y limitaciones presupuestales a los consulados, justo cuando aumenta la demanda de asesoría y representación legal en un contexto de políticas antimigrantes más restrictivas en Estados Unidos.
- Diáspora prioritaria… sin suficientes abogados
Se insiste en que la diáspora mexicana es la prioridad número uno de la política exterior, pero los hechos muestran que los recursos asignados a protección consular y asistencia jurídica son insuficientes y, en algunos casos, han sido rasurados en años recientes.
Programas como el PALE (Programa de Asesorías Legales Externas) fueron diseñados para contratar despachos de abogados que apoyaran a connacionales en materia migratoria, laboral, penal y civil, reforzando la defensa jurídica en cortes y procedimientos administrativos.
No obstante, se han documentado recortes y periodos en los que no hay abogados contratados de manera estable bajo este esquema, lo que limita drásticamente el alcance real de la protección consular.
Aquí surge la primera gran contradicción:¿Cómo hablar de prioridad absoluta a la diáspora si los consulados deben operar con plantillas reducidas, sin suficientes abogados, traductores y defensores especializados, y con un presupuesto que no guarda proporción con la magnitud del problema?
- Diplomacia laboral sin músculo institucional
La propuesta de una diplomacia enfocada en el empleo y en la movilidad laboral digna requiere algo más que discursos: necesita instituciones con capacidad operativa real.
La modernización de la Ley de Migración de 2011, que el Congreso y el INM están revisando, abre una oportunidad para incluir un capítulo robusto de protección consular y defensa legal transnacional, con fondos etiquetados y multianuales.
Sin embargo, los datos de los últimos años muestran reducciones de recursos para la atención consular y, al mismo tiempo, una demanda creciente de servicios de asesoría y defensa jurídica para mexicanos en Estados Unidos.
Incluso cuando se han inyectado recursos extraordinarios —como fondos específicos para servicios legales—, estos han sido parciales y coyunturales, sin construir una infraestructura permanente de protección.
- Modernización legal: sin financiamiento no hay derechos
La actualización del marco jurídico migratorio, inspirada en principios de gestión adecuada de la migración laboral y equidad de derechos entre nacionales y extranjeros, solo será efectiva si se traduce en presupuestos concretos para la red consular.
De lo contrario, conceptos como portabilidad de derechos, certificación de empleadores, redes de contratación regulada o protección frente a abusos en programas temporales quedarán como buenas intenciones sin capacidad de ejecución para la mitad más vulnerable de la diáspora: las y los indocumentados, quienes más necesitan acompañamiento jurídico, defensa en cortes y representación especializada.
- Conclusión: voluntad política vs. realidad presupuestal
El nuevo discurso de política exterior y movilidad laboral es, en sí mismo, un avance: reconoce a los migrantes como sujetos de derechos y actores del desarrollo, y propone una agenda de movilidad laboral digna, ordenada y segura.
No obstante, mientras la Embajada y los consulados en Estados Unidos sigan operando con presupuestos recortados, escasez de abogados y programas intermitentes de defensa legal, la brecha entre retórica y realidad seguirá creciendo.
La verdadera prueba de esta nueva política migratoria no será el discurso, sino la capacidad de redirigir recursos, blindar presupuestos y construir una red consular jurídica fuerte, capaz de acompañar de manera efectiva a las y los mexicanos, documentados e indocumentados, en su lucha cotidiana por un trabajo digno y una vida con derechos a ambos lados de la frontera.
Caso Tamaulipas
En la nueva coyuntura de movilidad migrante y laboral, Tamaulipas ocupa un papel estratégico como estado frontera y de tránsito, pero también como expulsor y receptor de población migrante.
En este contexto, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) se consolida como la instancia clave para articular una política humanista, de protección y de movilidad ordenada.
El ITM funge como puente de acompañamiento, atención y vinculación, garantizando la protección de derechos de personas migrantes nacionales y extranjeras, independientemente de su condición migratoria.
Sus funciones abarcan informar y orientar sobre riesgos y derechos, brindar asistencia social y jurídica, coordinarse con los tres órdenes de gobierno e instancias internacionales y promover mecanismos seguros de envío de remesas y de inversión productiva de la diáspora.
En la fase actual, el ITM también impulsa la movilidad laboral segura vía esquemas de visas temporales (como H-2A), apoyando reclutamiento ordenado, traslado y acompañamiento institucional, y vinculando la migración con empleo digno, desarrollo regional y resiliencia de remesas.
