Martín Díaz / Periodismo con Firma
La era de la emergencia sanitaria terminó hace mucho, pero en los ayuntamientos de Tamaulipas —especialmente en Reynosa— parece que inauguraron una nueva normalidad bastante rentable: el gobierno por control remoto. El reciente paso de Karla Luna por la regiduría dejó al desnudo un vacío legal que el Congreso del Estado no puede seguir ignorando por conveniencia política.
El vacío que financia la ausencia
El caso no es aislado. El pasado 24 de abril de 2025, se denunció que Luna acumulaba más de 23 sesiones consecutivas sin pararse en el recinto oficial. ¿La excusa? El Zoom. ¿La realidad? Trámites migratorios en Texas mientras cobraba íntegra su dieta en pesos mexicanos.
Si un trabajador de maquila falta tres días, lo corren. Si un regidor falta meses y se conecta desde el extranjero, el Código Municipal actual le tiende un puente de impunidad. Es urgente que el Congreso legisle para acotar las sesiones virtuales a casos de verdadera fuerza mayor, prohibiendo que la representación popular se convierta en un servicio de «Home Office» para quienes ni siquiera viven en la ciudad que dicen representar.
¿Y el Congreso?
Mientras en la frontera usan las leyes con la misma seriedad con la que se usa el papel sanitario —solo cuando les sirve y para lo que les conviene—, en el Congreso del Estado parecen cómodos en el silencio. Ya no basta con señalar el escándalo; es hora de que los diputados reformen el Código Municipal ante este «gobierno de avatar» que se burla de un electorado que exige funcionarios de territorio.
Tal vez esa pasividad legislativa tenga explicación en la nostalgia: la de los acuerdos y contratos de ayer que hoy se pagan con silencio. Si el Congreso no legisla para obligar a la asistencia física y sancionar el ausentismo digital, entonces no estamos ante una irregularidad, sino ante una nueva forma de gobierno basada en la complicidad.
