-El gobierno de la 4T defiende la soberanía y la Ley de Seguridad Nacional
-La oposición prefiere la ayuda extranjera que la capitulación ante el crimen
H. Matamoros, Tamaulipas.-Como si en realidad se tratara de tender una cortina de humo al espinoso caso del gobernador con licencia del estado de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA, el oficialismo y la oposición se han enfrascado en una polémica como consecuencia del desmantelamiento de un narco laboratorio en el estado de Chihuahua, aunque a ambas posturas les asiste la razón.
Mientras el gobierno de la Cuarta Transformación se escuda en la defensa de la soberanía y la Ley de Seguridad Nacional, las voces discordantes al régimen morenista cuestionan la soberanía con el argumento de que los cárteles de la droga son dueños de las carreteras y los productores viven bajo el yugo de la extorsión.
Y, en efecto, no existe ninguna duda acerca de la constitucionalidad de la soberanía nacional ni tampoco a lo que establece el articulado de la Ley de Seguridad Nacional, respecto a la intervención de agentes extranjeros en asuntos mexicanos.
Del mismo modo, a las voces opositoras a la 4T les asiste la razón al recordar que gran parte del territorio nacional es controlado por el crimen organizado, por lo que la soberanía nacional prácticamente ya está vulnerada y solo se trata de cuestión de enfoque.
Desde cierta perspectiva, tal parece que el gobierno federal observa el árbol y no el bosque derivado de una evaluación política y no necesariamente desde un escenario que beneficie a la población que, en los tiempos y circunstancias actuales, es lo que debería prevalecer y no escudarse en argumentos constitucionalistas y leyes secundarias.
Cuestión de analizar como en las conferencias mañaneras se le concede mayor importancia la intervención de cuatro agentes estadounidenses en el operativo policial estatal de Chihuahua y se minimiza el desmantelamiento de uno de los más grandes narco laboratorios en el territorio nacional.
Es decir, al margen de lo legal, el gobierno federal morenista se desgarra las vestiduras por la intervención presuntamente furtiva de agentes extranjeros alegando la violación a la soberanía nacional, y deja en segundo plano lo verdaderamente importante y de beneficio para el pueblo de México: el combate a los cárteles de la droga y el crimen organizado.
La 4T pretende someter a juicio político a la gobernadora panista del estado de Chihuahua, MARU CAMPOS, por haber permitido la injerencia de policías norteamericanos en el operativo encabezado por la Agencia Estatal de Investigación, violentando la Ley de Seguridad Nacional.
Sin embargo, lo que en Palacio Nacional se pasa por alto es que las distintas dependencias de inteligencia del gobierno federal extrañamente nunca se dieron cuenta del funcionamiento de esa fábrica de estupefacientes, lo cual, por supuesto, también debiera arrojar cierta responsabilidad por omisión o comisión.
Desde esa perspectiva, sería justificable el argumento de la corriente opositora al régimen federal guinda en el sentido de que es preferible la cooperación o ayuda extranjera que la capitulación gubernamental ante los cárteles de la droga.
También, gobierno, representantes populares y sociedad del estado de Chihuahua tienen razón al argumentar que no permitirán que su entidad federativa se convierta en un Sinaloa con el dominio y control de la delincuencia organizada.
Por lo pronto, la Fiscalía General de la República (FGR) integró una carpeta de investigación por la presunta intervención de agentes extranjeros en acciones reservadas a autoridades mexicanas, mientras que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua indagará sobre la operación del narco laboratorio y la responsabilidad de los operadores criminales.
El operativo policial encabezado por la fiscalía de esa entidad del norte de México dio como resultado el aseguramiento de más de 55 mil litros de sustancias líquidas, poco más de 50 toneladas en estado sólido, cerca de 2 mil litros de metanfetamina, cilindros de gas LP, contenedores, reactores y demás equipo para la fabricación de drogas sintéticas.
Sobra decir que el desmantelamiento de ese laboratorio clandestino representa un severo golpe a los cárteles de la droga por los millones de dosis que dejaran de producirse para inundar el mercado de la drogadicción en el territorio nacional y en los Estados Unidos, principalmente.
De ahí que sería justo valorar en su exacta dimensión la acción y la reacción. Combatir el narcotráfico es una responsabilidad del Estado mexicano y, por supuesto, hacer respetar la Constitución y las leyes secundarias.
Ahora que, si de lo que se trata es politizar el asunto con miras al proceso electoral del año próximo, eso es simple y sencillamente-en términos coloquiales-harina de otro costal.
DESDE EL BALCÓN:
I.-En reciente gira de trabajo de la secretaria de Bienestar Social federal, ARIADNA MONTIEL, el escenario se convirtió en un ring político entre la funcionaria guinda y el panismo local. El dirigente panista ALFREDO CHÁVEZ no se anduvo por las ramas y calificó su presencia como “una burda pasarela electoral diseñada para esconder algo mucho más oscuro”.
Ni hablar.
II.-Sin el menor respeto para el partido guinda que las impulsó a sus respectivos cargos de representación popular, la senadora OLGA SOSA RUIZ y la alcaldesa de Nuevo Laredo, Tamaulipas CARMEN LILIA CANTUROSAS, andan desatadas en busca de la candidatura morenista al relevo del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.
SOSA RUIZ se placea hasta en reuniones familiares, mientras que CARMEN LILIA no tiene empacho en utilizar los recursos públicos en su anticipada campaña política.
Y hasta la próxima.
