La reciente cruzada mediática del alcalde contra los operativos viales pretendía encumbrarlo como defensor ciudadano; sin embargo, al declarar que «él no puso» al director de Tránsito, consumó una admisión pública de debilidad política y abandono de su obligación constitucional.
Martín Díaz Salazar | Periodismo con Firma
Pocas veces un gobernante trabaja de forma tan entusiasta para exhibir sus propias carencias. La reciente cruzada mediática de Eduardo «Lalo» Gattás contra los operativos viales pretendía encumbrarlo como el defensor de las causas ciudadanas; sin embargo, sus propias palabras lo traicionaron. Decir ante las cámaras que «él no puso al director» para lavarse las manos ante el acoso de los tránsitos no es una denuncia, es la confesión cínica de un vacío de autoridad. Con esa sola frase, el alcalde convirtió un burdo acto de control de daños en la radiografía de su propia ineficacia al frente de Victoria.
Su intento de lavarse las manos terminó convirtiéndose en una humillante admisión de debilidad. Porque cuando un alcalde declara abiertamente que no nombró al responsable de una de las áreas más sensibles y recaudatorias de su administración, el problema deja de ser la corrupción de los elementos. El problema real es la capitulación del poder: ¿Quién ejerce realmente el mando en la capital si no es el presidente municipal electo?
Las palabras que detonaron el cuestionamiento fueron pronunciadas por el propio edil frente a las cámaras: «Aunque yo no puse al jefe de tránsito, no voy a tolerar la corrupción». Si Gattás no designó al titular de Tránsito, ¿quién le impuso la agenda? ¿A qué intereses fácticos o compromisos políticos les entregó las calles de Victoria? Si no tiene el control sobre la corporación, entonces ha dejado desprotegidos a los ciudadanos ante una banda con uniforme.
Gattás intentó presentarse como un inspector indignado que acababa de descubrir el hilo negro. Sin embargo, las extorsiones en los retenes no aparecieron anoche; llevan años desgastando el bolsillo de los victorenses. Si esas prácticas ocurrieron bajo su administración durante casi un lustro, el alcalde solo tiene dos salidas lógicas: o mantuvo una complicidad omisa para no incomodar a quienes le impusieron al director, o padece una ceguera administrativa imperdonable.
Ningún presidente municipal puede gobernar alegando ignorancia sobre la corporación que tiene el contacto más directo y violento con el ciudadano. El Artículo 115 constitucional no es opcional; la seguridad y el orden vial son obligaciones directas del Ayuntamiento. Renunciar verbalmente a esa facultad es una falta de respeto al voto que lo reeligió.
Por eso la escena trasciende el operativo nocturno. Expone una preocupante fractura en el ejercicio del poder municipal y deja al descubierto las limitaciones reales de quien ocupa la silla principal de la alcaldía.
La corrupción en Tránsito es grave, pero es un síntoma. La enfermedad real es que el propio alcalde pretenda convencer a la ciudadanía de que él no manda en su propio gobierno. Porque si Eduardo Gattás ni puso al jefe de Tránsito, ni lo controla, ni se enteró de los abusos en cinco años, estamos ante un alcalde omiso e insensible ante las quejas ciudadanas.
Ahí están los hechos. Que cada quién saque sus conclusiones.
