La «pérdida de confianza» sirvió para justificar la destitución del jefe de Tránsito. La pregunta de fondo es si ese mismo criterio no debería aplicarse primero a una administración municipal cercada por el desorden y bajo el escrutinio de la Auditoría Superior.
Martín Díaz Salazar | Periodismo con Firma
Pérdida de confianza. Ese fue el argumento que el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás, utilizó para destituir al responsable del Departamento de Tránsito Municipal, área encargada de los operativos antialcohol que, en esencia, cumplen una función necesaria: prevenir accidentes, salvar vidas y evitar tragedies provocadas por conductores que manejan bajo los efectos del alcohol.
Durante estos operativos, donde las sanciones superan los 12 mil pesos, cientos de automovilistas fueron detenidos y multados. Hasta ahí, la aplicación de la ley resulta plenamente justificable. La presencia de estos filtros ha contribuido a disminuir percances viales y a generar un efecto disuasivo entre quienes acostumbraban conducir en estado de ebriedad.
El problema comenzó cuando alrededor de esos retenes crecieron las denuncias ciudadanas por presuntos abusos, extorsiones y manejo discrecional del dinero recaudado. A ello se sumó la ausencia de información pública clara sobre cuántas multas se aplicaron, cuánto dinero ingresó realmente a las arcas municipales y cuál fue el destino de esos recursos. Esa falta de transparencia terminó alimentando la sospecha de que lo ocurrido en las calles no coincidía con lo que oficialmente se reportaba.
Los operativos no son el problema. El problema es la forma en que terminaron siendo percibidos por una parte importante de la ciudadanía.
Consciente de que ese tema se había convertido en uno de los mayores costos políticos de su administración y con el proceso electoral acercándose, Eduardo Gattás decidió aparecer personalmente en uno de los retenes acompañado de cámaras y micrófonos para denunciar públicamente posibles actos de corrupción dentro de la corporación.
Pocos días después llegó el desenlace: el director de Tránsito fue separado del cargo por «pérdida de confianza». Paradójicamente, el propio alcalde declaró que ni siquiera había sido él quien lo nombró. La destitución terminó funcionando como una forma de ofrecer un responsable visible frente a una corporación que durante años acumuló señalamientos ciudadanos sin que existiera una intervención decidida del gobierno municipal.
Pero utilizar la pérdida de confianza como argumento político tiene una carga inevitable de ironía. Porque precisamente eso es lo que enfrenta hoy el propio alcalde.
Su administración mantiene observaciones pendientes de solventar ante la Auditoría Superior del Estado que, sumadas a las de la COMAPA Victoria, superan los mil 300 millones de pesos correspondientes a las cuentas públicas de 2023 y 2024. Más allá de que esos montos deban seguir el procedimiento legal de fiscalización, el dato refleja un profundo desorden administrativo que ha colocado a la capital tamaulipeca bajo un severo escrutinio público.
La pérdida de confianza también se construye cuando una ciudad permanece llena de baches, los servicios públicos siguen deteriorándose y las explicaciones oficiales dejan de convencer a los ciudadanos.
La pérdida de confianza aparece cuando un gobernante pretende convencer de que todo marcha bien mientras la realidad cotidiana cuenta una historia completamente diferente.
Y la pérdida de confianza termina consolidándose cuando, pese a ese desgaste, el mismo alcalde sigue alimentando aspiraciones de buscar otro cargo público.
Si ese fue el criterio suficiente para destituir a un subordinado, habría que preguntarse si ese mismo criterio no debería aplicarse primero a quien encabeza toda la administración municipal.
Porque, al final, el funcionario que hoy enfrenta la mayor pérdida de confianza ya no parece ser el exdirector de Tránsito. Parece ser el propio Alcalde.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
