El programa insignia del alcalde presume reglas de operación, pero deja abiertas preguntas fundamentales sobre la selección y supervisión de las instituciones que recibirán recursos públicos.
Martín Díaz / Periodismo con Firma
Entre los discursos de un gobierno y sus documentos oficiales suele existir una distancia considerable. Los primeros buscan la empatía pública; los segundos definen el rigor con el que se ejerce el dinero de los ciudadanos.
Carlos Peña Ortiz decidió hacer de Tazo Dorado uno de los programas emblemáticos de su administración. El objetivo difícilmente admite discusión. Atender a personas con problemas de adicción es una causa que merece respaldo institucional y sensibilidad social. Lo cuestionable no es el propósito del programa. Lo que merece una revisión más cuidadosa son las reglas con las que el Ayuntamiento decidió operarlo.
Porque una cosa es escuchar los discursos y otra muy distinta sentarse a leer el documento que da vida al programa.
Y es precisamente ahí donde comienzan las preguntas.
Las reglas de operación establecen que las instituciones participantes deberán contar con «probada capacidad y experiencia» y que el programa estará bajo la supervisión de la Secretaría de Bienestar Social Municipal. Hasta ese punto todo parece razonable. Sin embargo, conforme avanzan las páginas aparece un vacío difícil de ignorar: el documento nunca explica cómo se acreditará esa capacidad, quién la evaluará, bajo qué criterios se realizará esa valoración o qué requisitos técnicos deberá cumplir una institución para ser considerada apta para recibir recursos públicos.
En cambio, cuando llega el apartado relacionado con la entrega del dinero, las reglas recuperan una precisión casi quirúrgica. Ahí sí aparecen los convenios, el registro en el padrón de proveedores, la emisión de CFDI, la documentación administrativa y los procedimientos necesarios para realizar los pagos.
Es un contraste que llama la atención.
Las reglas parecen mucho más desarrolladas para explicar cómo pagará el Ayuntamiento que para establecer cómo elegirá a las instituciones que recibirán esos recursos.
No se trata de afirmar que los centros participantes no tengan experiencia.
Mucho menos de insinuar que el gobierno actúe fuera de la ley.
La observación es otra.
Si el propio Ayuntamiento considera indispensable exigir «probada capacidad y experiencia», resulta lógico esperar que las reglas expliquen cómo se demuestra esa condición. De lo contrario, todo termina descansando en una expresión tan amplia que deja demasiado espacio para la discrecionalidad.
Y cuando se trata de personas que buscan superar una adicción, la discrecionalidad nunca debería sustituir a los criterios objetivos.
Hay otro elemento que vuelve legítima esta discusión.
Carlos Peña Ortiz ha convertido a Tazo Dorado en una de las principales vitrinas de su gobierno. Lo ha presentado en eventos públicos, ha encabezado ceremonias, ha entregado reconocimientos y ha utilizado el programa como muestra del compromiso social de su administración.
Precisamente por eso, también debe aceptar que el programa sea revisado con el mismo rigor con el que ha sido promovido.
Más aún después del caso Dafne.
Aquella tragedia recordó que cuando el Estado canaliza personas vulnerables hacia instituciones privadas, la confianza por sí sola nunca basta. No porque todos los centros sean iguales ni porque existan elementos para cuestionar a quienes hoy participan en Tazo Dorado. Simplemente porque la responsabilidad pública obliga a construir reglas capaces de resistir cualquier duda razonable.
Las buenas políticas públicas no dependen de la buena voluntad de quienes hoy las ejecutan.
Dependen de reglas suficientemente claras para evitar que mañana alguien pueda aprovechar sus vacíos.
Tal vez todas las instituciones que hoy forman parte de Tazo Dorado sean las mejores opciones disponibles.
Ojalá así sea.
Pero un gobierno responsable no redacta reglas pensando únicamente en el presente. Las redacta para garantizar que, dentro de cinco o diez años, cualquier administración esté obligada a seleccionar a las mejores instituciones mediante criterios verificables y transparentes, no mediante conceptos tan amplios que terminen dependiendo del juicio de un funcionario.
Carlos Peña ha pedido que Tazo Dorado sea visto como uno de los programas que distinguen a su administración.
Entonces también debe aceptar que se le exija el mismo nivel de transparencia con el que busca el reconocimiento público.
Las buenas intenciones no eximen a ningún gobierno de explicar por qué unas instituciones reciben recursos públicos y otras no.
Mientras las reglas de operación respondan con mayor precisión cómo se les pagará que cómo fueron seleccionadas, la transparencia seguirá siendo otra asignatura pendiente del alcalde Carlos Peña Ortiz.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
