La libertad de expresión no suele morir con un decreto
Cuando el poder decide erigirse como garante de la verdad, la libertad de prensa deja de ser un derecho y se convierte en letra muerta.
Martín Díaz / Periodismo con Firma
Hace apenas unos días, el gobierno de Claudia Sheinbaum abrió la consulta pública de nuevos lineamientos para proteger los llamados derechos de las audiencias en radio y televisión. La propuesta plantea obligaciones para los concesionarios y contempla mecanismos de supervisión bajo el argumento de combatir la desinformación y garantizar información veraz. El gobierno sostiene que no se trata de censura, sino de proteger el derecho de las audiencias. Sin embargo, la discusión de fondo es otra: ¿quién decidirá qué es mentira y qué es verdad?
La inquietud no es nueva. En Tamaulipas ya se intentó impulsar una iniciativa que buscaba establecer mecanismos para evaluar el trabajo periodístico. La reacción de periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos fue inmediata. El riesgo no era promover la ética, sino abrir la puerta para que el poder terminara calificando el trabajo de la prensa. Aquella propuesta terminó congelada.
La libertad de expresión nunca ha sido patrimonio de un partido político. Gracias a ella, los mexicanos conocieron los abusos del viejo régimen, las denuncias de corrupción y los excesos del poder que durante décadas permanecieron ocultos. Esa misma libertad permitió que el PAN, cuando era oposición, presentara sus propuestas y convenciera a millones de ciudadanos de que era posible un cambio.
Años después ocurrió exactamente lo mismo con Morena. Sus dirigentes utilizaron los espacios informativos, las entrevistas, los debates y la crítica al gobierno en turno para difundir un proyecto político que finalmente los llevó al poder. Por eso resulta indispensable recordar que la libertad de expresión no protege a un partido; protege el derecho de todos a cuestionar al gobierno, cualquiera que sea su color. Quienes ayer exigían micrófonos abiertos para denunciar al poder, hoy tienen la responsabilidad de garantizar que esos mismos micrófonos permanezcan abiertos para quienes los cuestionan.
Los medios de comunicación no inventaron el huachicol que hoy incomoda a los gobiernos. Tampoco inventaron las investigaciones sobre redes de robo de combustible ni los aseguramientos realizados por las propias autoridades.
Los medios tampoco inventaron las carencias del sistema de salud. Durante años se prometió un sistema comparable con el de Dinamarca, pero fueron millones de mexicanos quienes padecieron la falta de medicamentos, especialistas, tratamientos y equipo médico.
No inventaron la violencia que desde hace años golpea al país. Los homicidios, las desapariciones, los enfrentamientos y el control territorial del crimen organizado no surgieron de una redacción periodística.
Los medios tampoco inventaron los incidentes registrados en el Tren Maya, aunque posteriormente se intentara minimizar lo ocurrido con otro lenguaje.
Los medios tampoco inventaron las investigaciones periodísticas que, durante décadas, han exhibido casos de corrupción, abuso de poder, conflicto de interés, enriquecimiento inexplicable o presuntos vínculos con la delincuencia en los distintos niveles de gobierno. Los nombres cambian con cada administración; el papel del periodismo no. Cuando una publicación contiene información falsa, la ley ofrece mecanismos para reclamar responsabilidades. Lo que no debería existir es un gobierno con la facultad de decidir qué puede publicarse y qué debe callarse.
La historia demuestra que todas las formas de censura suelen presentarse con buenas intenciones. Siempre se habla de proteger a la sociedad, combatir la mentira o garantizar información de calidad. El problema aparece cuando quien pretende decidir qué puede decirse es el mismo poder que todos los días debe estar sujeto al escrutinio público.
No debemos olvidar que la libertad de expresión no fue un regalo de ningún gobierno. Es un derecho conquistado con sangre, sufrimiento y décadas de lucha. La libertad de expresión no suele morir con un decreto. Muere cuando el miedo hace que periodistas y ciudadanos cambien la verdad por el silencio.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
