Por Juan Carlos Rodríguez Terrazas/EL SINODAL DE TAMAULIPÁS
Reynosa, Tam.- La tristemente célebre empresa de servicios funerarios CRACSO, SC de RL, citada en un sinfín de procesos jurídicos a nivel nacional, fue denunciada hoy por la Asociación Nacional Derechos Humanos Internacionales en apoyo a Migrantes, Refugiados y Población en General que respondió a la solicitud de asesoría del septuagenario Carlos Armando Ortiz Rangel que desde hace seis años los demandó por despido injustificado ante la Junta Especial No. 4 de Conciliación y Arbitraje.
El abogado Máximo Amaya Román, exhibió ante los periodistas, durante una conferencia de prensa, múltiples fallos, anormalidades y adulteraciones que la dependencia conciliadora ha realizado, protegiendo descaradamente los intereses de los defraudadores, cuyo nombre figura entre las cinco empresas funerarias más demandadas ante PROFECO a nivel nacional.
Al parecer CRACSO, es la misma empresa que en el estado de Chihuahua, se encuentra demandada ante la Fiscalía General de la República, por haber entregado cenizas ajenas a varias familias en un escandaloso caso de cambio de identidades de los muchos en los que ha sido involucrada.
PISOTEAN LA LEY
En el presente caso, despidieron al señor Ortiz Rangel, que hoy es invidente, tras 10 años de trabajar con ellos como agente de ventas, negándose sistemáticamente a cumplir con sus reclamos presentados a través de demanda que se presentó hace seis años, inclusive cuando el sistema laboral era otro y que hoy se ha actualizado, sin permitir que aflore la justicia social expedita que tanto cacaraquea el gobierno federal a raíz de la reforma a los poderes.
El abogado Amaya Román quien se hizo acompañar durante la entrevista con los medios por el licenciado Juan Carlos Abrego Gutiérrez, presidente de la ANDHI, destacó que hace unos meses, de acuerdo al seguimiento procesal, el titular de la Junta Especial No. 4, Raúl Ulloa Velasco, tuvo la brillante idea de nombrar a la misma empresa demandada como depositaria de varios vehículos entre ellos algunas carrozas para garantizar el pago de la indemnización que entonces oscilaba alrededor de 445 mil pesos y que ahora ha ascendido a más de 850 mil pesos, “más lo que se acumule en la semana”.
PREPOTENCIA Y ARBITRARIEDAD
El resultado de esta acción fue que los empresarios ordenaron después, sustraer los citados autos, presentando un oficio extemporáneo a la junta, en la que señalan que los vehículos no eran propiedad de la funeraria.
El asesor de la parte actuante lamentó que hace unos días la actuaria de la junta no pudo hacer valor la supuesta autoridad de la dependencia, cuando acudió a exigir el embargo de las cuentas bancarias de CRACSO, en su domicilio fiscal de esta ciudad, siendo ninguneada por empleados administrativos que la ignoraron primero y luego en el colmo de la impunidad, la echaron fuera de las oficinas.
LA JUNTA 4 ESTA “PINTADA”
La multicitada junta no ha dictado ningún apercibimiento, ni siquiera ha multado a los representantes de la empresa por todas las anomalías, omisiones y desacatos en que ha incurrido, de acuerdo al 1005 de la Ley Federal del Trabajo, lo que también configura sanciones contra el funcionario que preside el tribunal laboral local, en cuya oficina prevalece el caos y el valemadrismo de todos los empleados.
Cabe mencionar que el abogado en cuestión, dijo haber recibido una especie de ultimátum por trabajadores de esta junta que le dijeron hace unos días, “haga lo que le de su gana”, cuando este les indicó que haría pública por su actuación.
