El INE inicia la elección de 2027 entre cambios internos, controles cuestionados y una cercanía con el Gobierno que pone a prueba la independencia del árbitro.
Martín Díaz / Periodismo con Firma
El arranque de un proceso electoral en México solía marcar también una distancia frente al Gobierno. La autonomía del árbitro no solamente debía aplicarse en sus decisiones, sino mostrarse en las formas.
Sin embargo, el reciente inicio de los comicios no sólo puso en marcha la contienda política. También dejó señales que generan dudas sobre el rumbo del Instituto Nacional Electoral y su relación con el poder.
Para entender el riesgo del presente es necesario revisar el pasado.
En 1988, la famosa “caída del sistema” ocurrió cuando Manuel Bartlett era secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral. El problema era evidente: el Gobierno organizaba y vigilaba una elección en la que también participaba su propio candidato.
Bartlett ha negado ser responsable de la interrupción. Años después reconoció que hubo fraude, aunque sostuvo que fue ordenado desde la Presidencia para impedir el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas.
De aquella crisis de legitimidad nació el IFE en 1990, aunque todavía bajo la presidencia del secretario de Gobernación. Fue hasta 1996 cuando el Poder Ejecutivo salió de su conducción y el organismo alcanzó plena autonomía.
La transición costó años de reformas, construcción técnica e inversión en un Servicio Profesional Electoral. Ese modelo permitió organizar elecciones confiables y sentó las condiciones para la primera alternancia presidencial del México contemporáneo en el año 2000.
Hoy la contradicción es difícil de ignorar.
El nombre de Bartlett no queda solamente como un antecedente histórico. El movimiento que construyó parte de su identidad denunciando el fraude de 1988 terminó incorporando a su gobierno al hombre que presidía la autoridad electoral aquella noche. López Obrador lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad y lo mantuvo durante todo su sexenio.
Esa decisión no demuestra que la Cuarta Transformación pretenda repetir el modelo electoral de aquellos años, pero sí revela que Bartlett nunca representó para el nuevo régimen una figura incómoda del pasado.
Al mismo tiempo, el INE ha entrado en una etapa de reconfiguración. La renovación de tres consejerías en 2026 fue cuestionada por la cercanía de algunos integrantes del comité evaluador y de los perfiles seleccionados con Morena y el Gobierno federal.
A ello se suman la concentración de nombramientos en la presidencia de Guadalupe Taddei, la permanencia de encargados de despacho, los recortes presupuestales y una carga creciente de responsabilidades electorales.
También han generado dudas algunas decisiones relacionadas con procesos partidistas adelantados, las llamadas “boletas planchadas” y los filtros aplicables a servidores públicos que soliciten participar como observadores electorales.
Ninguno de estos hechos demuestra por sí mismo que el Instituto haya sido capturado. Pero, vistos en conjunto, muestran una reducción de la distancia que una autoridad electoral debe mantener frente al Gobierno y los partidos.
La presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el patio central del INE durante el inicio formal del proceso agregó otra señal.
Su asistencia no viola la autonomía del Instituto y puede explicarse como un acto de coordinación institucional. Pero tampoco puede ignorarse el significado político de ver nuevamente a Gobernación dentro del organismo que fue creado para separar las elecciones del Poder Ejecutivo.
México tardó más de treinta años en construir un árbitro electoral autónomo, profesional y capaz de organizar la alternancia. Ese modelo no ha desaparecido, pero comienza a mostrar señales de debilitamiento justo cuando el oficialismo busca conservar su mayoría en la Cámara de Diputados.
El riesgo para 2027 no está en que vuelvan a fallar las computadoras, sino en que el INE llegue debilitado a la elección: dividido internamente, con menos controles y sin la firmeza necesaria para detener campañas anticipadas, vigilar a los servidores públicos y sancionar a cualquier partido que viole las leyes electorales, incluido el que hoy ocupa el poder.
En 1988, Gobernación conducía directamente la autoridad electoral. Hoy, su titular vuelve al patio del INE mientras una nueva mayoría de consejeros toma decisiones que despiertan dudas sobre la firmeza del árbitro frente al poder.
El viejo sistema no tendría que regresar con el mismo nombre. Le bastaría con encontrar un INE que conserve su autonomía en el papel, pero que en la práctica termine actuando con lealtad hacia la Cuarta Transformación.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
