Coparmex Reynosa advirtió que la presión contra los empresarios no solamente proviene de la delincuencia. También puede esconderse detrás de trámites, requisitos y cobros oficiales. Habló de las autoridades en general, pero señaló como ejemplo al Municipio de Reynosa
Por Martín Díaz / Periodismo con Firma
La extorsión no siempre llega mediante una llamada amenazante. Tampoco necesita hombres armados, mensajes anónimos o una cuota exigida bajo amenaza.
En ocasiones puede presentarse detrás de una ventanilla, esconderse entre requisitos y terminar convertida en un cobro oficial.
Es la extorsión de cuello blanco.
El término surgió durante una entrevista con Heberardo González Garza, presidente de Coparmex Reynosa, en el programa Tamaulipas en Sintonía, que se transmite por Focus Radio.
El dirigente empresarial lanzó una acusación que no debería pasar inadvertida:
“La extorsión no solamente proviene de la delincuencia; en muchas ocasiones también proviene de las propias autoridades”.
González Garza no señaló exclusivamente al Ayuntamiento de Reynosa. Habló de las autoridades en general y de una burocracia que complica, retrasa y encarece la apertura o el funcionamiento de los negocios.
Pero cuando llegó el momento de poner un ejemplo concreto, mencionó un cobro municipal.
Explicó que cuando una casa se convierte en negocio debe realizarse el cambio de uso de suelo. Si después ese comercio cambia a una actividad industrial, tendría sentido tramitar y pagar una nueva modificación.
Lo que cuestionó es que el Gobierno municipal cobre anualmente por un cambio que ya se realizó.
Si el propietario no modificó nuevamente el uso del inmueble, ¿qué servicio adicional presta el Ayuntamiento para volver a cobrarle?
La pregunta es sencilla. La respuesta debería serlo también.
El Gobierno de Carlos Peña Ortiz tendría que explicar cuál es el fundamento de ese cobro, qué concepto se aplica realmente, cuántos establecimientos lo pagan y cuánto dinero ingresa cada año por ese derecho.
Porque una cosa es que un cobro aparezca en una disposición administrativa y otra muy distinta que sea razonable, proporcional y necesario.
Los gobiernos suelen presumir que facilitan la inversión, respaldan a los emprendedores y generan condiciones para la apertura de empresas. El discurso suena muy bonito hasta que el ciudadano llega a la ventanilla y comienzan los requisitos, las copias, las inspecciones, los permisos, las renovaciones y los pagos que en ocasiones nadie explica con claridad.
El empresario queda atrapado entre dos presiones: afuera enfrenta la inseguridad y la extorsión criminal; adentro encuentra una maquinaria burocrática que puede quitarle tiempo, dinero y hasta las ganas de continuar trabajando.
Una amenaza con violencia. La otra con charola de gobierno.
Ccuando los requisitos se duplican, los permisos se retrasan sin explicación o se pretende cobrar cada año por una modificación que aparentemente ocurrió una sola vez, la autoridad está obligada a rendir cuentas.
Más todavía cuando el señalamiento proviene de un organismo que representa a parte del sector empresarial de la ciudad.
González Garza también advirtió que emprender o mantener una empresa se ha convertido en un deporte de alto riesgo, no solamente por la inseguridad, sino por los obstáculos que enfrenta quien pretende trabajar dentro de la formalidad.
Después los gobiernos se sorprenden por el crecimiento del comercio informal. Pero si cumplir cuesta demasiado, tarda demasiado y depende de demasiadas ventanillas, la propia autoridad termina empujando a algunos ciudadanos fuera de la legalidad que dice defender.
Las autoridades municipales, estatales y federales tendrían que explicar qué están haciendo para eliminar requisitos innecesarios, reducir los tiempos de respuesta y evitar que la discrecionalidad convierta un permiso en instrumento de presión.
La extorsión de cuello blanco no necesita esconderse en la oscuridad. Puede operar a plena luz del día, detrás de un escritorio, con un sello en la mano y despachando en oficinas de gobierno.
El señalamiento ya es público. A Coparmex le corresponde documentarlo; al gobierno de Carlos Peña Ortiz, explicar el cobro.
Si tiene fundamento, que lo justifique. Si no lo tiene, que deje de cobrarlo.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
