El Congreso de Tamaulipas negará al gobierno de Miguel Ángel Almaraz el manejo de la COMAPA de Río Bravo, al considerar que el municipio carece de capacidad para administrarla y que la conducta del alcalde representa un riesgo para la operación del organismo.
Martín Díaz / Periodismo con Firma
Humberto Prieto Herrera no dejó espacio para las interpretaciones. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas afirmó que Miguel Ángel Almaraz “es un presidente que no respeta la ley” y adelantó que la COMAPA de Río Bravo permanecerá bajo control estatal.
La declaración tiene un peso que va mucho más allá de la confrontación política entre un diputado y un alcalde. Prieto encabeza el órgano que conduce las decisiones del Congreso y su postura anticipa que el gobierno municipal no recibirá el manejo del organismo encargado del agua potable y el drenaje.
El argumento formal es que la COMAPA funciona, mantiene finanzas sanas y ofrece resultados. Prieto aseguró incluso que Acción Nacional ha reconocido el trabajo realizado por el organismo y coincide en que no deben alterarse las condiciones actuales. En contraste, sostuvo que el Ayuntamiento de Río Bravo no cuenta todavía con la estructura administrativa, los recursos humanos ni la capacidad necesaria para asumir el control sin poner en riesgo el servicio.
Sin embargo, el verdadero golpe contra Almaraz apareció cuando el presidente del Congreso explicó por qué desconfía de su gobierno. Prieto mencionó la opacidad en la organización de la feria, lo ocurrido en el gimnasio Las Liebres y la manera en que el alcalde presentó su informe solamente ante el Cabildo, sin rendir cuentas de frente a los habitantes de Río Bravo.
No son asuntos separados. La forma en que Almaraz ha manejado la feria, los bienes municipales y su obligación de informar terminó convirtiéndose en un argumento para negarle el control de la COMAPA. El alcalde quería ampliar las facultades de su gobierno, pero su propia actuación provocó que el Congreso pusiera en duda su capacidad para administrar un organismo mucho más complejo.
Almaraz pretende recibir la COMAPA cuando todavía no se conocen con claridad las cuentas de la feria. Falta explicar el presupuesto autorizado, los contratos celebrados, los anticipos pagados a los artistas, los ingresos obtenidos, las posibles deudas pendientes y la cantidad de recursos municipales utilizados.
El caso del gimnasio Las Liebres ayuda a entender por qué existen esas dudas. El inmueble fue entregado en enero de 2025 después de una rehabilitación realizada por el Gobierno del Estado con una inversión de 17 millones 403 mil 459 pesos. Los trabajos incluyeron estructura metálica, techo, ventanas, baños, aire acondicionado, 400 butacas y 730 metros cuadrados de duela de maple.
Diez meses después, el gobierno de Almaraz ordenó retirar la duela para instalar una pista de hielo como parte de la Feria de Río Bravo. El alcalde aseguró que el gimnasio no resultaría afectado y que la duela sería colocada nuevamente en enero, una vez concluido el evento.
Pero enero terminó y el gimnasio seguía sin estar listo. La reinstalación se prolongó hasta febrero y obligó a realizar trabajos de nivelación, colocación de una base, instalación de la duela y reubicación de las gradas, además de otras intervenciones en el complejo deportivo.
Después de utilizar el gimnasio Las Liebres para la feria, el gobierno de Almaraz tuvo que nivelar el área, colocar una base, reinstalar la duela y realizar trabajos adicionales para devolver a condiciones de uso una instalación que había sido rehabilitada meses antes con una inversión estatal de 17.4 millones de pesos. Ahora falta saber cuánto costó reparar las consecuencias de aquella decisión, quién autorizó el gasto y por qué la cuenta terminó en manos del municipio y no de los responsables de la feria.
Almaraz podrá presumir que el gimnasio ya funciona y que el parque quedó mejor que antes, pero eso no responde las preguntas centrales. La reparación posterior no borra el gasto ni convierte en buena decisión haber intervenido una instalación prácticamente nueva para colocar una atracción temporal.
Antes de exigir la administración de la COMAPA, el alcalde tendría que explicar por qué sometió una obra recién entregada a modificaciones innecesarias, cuánto dinero público se utilizó para restablecerla y quién se benefició económicamente con los nuevos trabajos.
El informe municipal tampoco ayudó a despejar las dudas. Por segundo año consecutivo, Almaraz evitó un acto público y se limitó a cumplir con la entrega ante el Cabildo. Podrá argumentar que cubrió la formalidad, pero rendir cuentas no consiste solamente en entregar un documento entre funcionarios y regidores. También implica explicar a los ciudadanos qué se hizo con su dinero, cuánto se gastó y cuáles fueron los resultados.
Prieto recordó que una reforma reciente obliga a los alcaldes a enviar al Congreso sus informes dentro de los diez días posteriores a su presentación. Reconoció que, por tratarse de una disposición nueva, se han concedido días adicionales para que los ayuntamientos cumplan, pero también advirtió que existen sanciones para quienes ignoren esa obligación.
Almaraz tendrá que presentar su informe y esperar la revisión de la Auditoría Superior del Estado. Será entonces cuando la propaganda deberá cederle el lugar a los documentos, porque una cosa es presumir resultados en redes sociales y otra muy distinta acreditarlos mediante contratos, facturas, estados financieros y cuentas públicas.
El problema no es que un alcalde utilice Facebook o TikTok. Las redes son una herramienta válida para comunicarse con la población. El problema aparece cuando el espectáculo sustituye al gobierno y los videos se utilizan para esconder la falta de respuestas.
Almaraz ha preferido la confrontación y la burla. Lo hizo cuando convirtió la ausencia del gobernador en su informe en material para sus redes sociales, sin considerar que un alcalde necesita construir acuerdos con el Estado para gestionar obras, recursos y servicios.
La respuesta llegó desde el Congreso. Humberto Prieto no solamente lo acusó de no respetar la ley; también puso en duda su capacidad para administrar la COMAPA y remató preguntando si acaso quiere “otra oficina para hacer TikToks”.
La frase puede provocar risas, pero el fondo es demasiado serio para tomarlo como una simple ocurrencia. El presidente de la Junta de Gobierno está diciendo que el Congreso no confía en Almaraz ni considera que su administración ofrezca garantías para manejar el agua de Río Bravo.
Almaraz podrá seguir grabando videos y repartiendo culpas, pero al parecer la COMAPA no será otra escenografía para sus ocurrencias. Para administrar el agua se necesitan capacidad, cuentas claras y respeto a la ley. Justamente lo que Humberto Prieto dice que hoy no existe en el gobierno de Río Bravo.
Ahí están los hechos, que cada quién saque sus conclusiones.
