Medios de Reynosa denuncian que el encargado de Comunicación Social les dio línea editorial para favorecer a determinados aspirantes y amenazó con retirarles los convenios de publicidad oficial si no cumplían.
Martín Díaz / Periodismo con Firma
Medios de Reynosa han declarado que fueron presionados por el encargado de Comunicación Social del gobierno de Carlos Peña Ortiz. Según sus testimonios, el funcionario les dio línea editorial para favorecer a determinados aspirantes y les advirtió que, si no cumplían, les retirarían el convenio de publicidad oficial.
La denuncia ya no se limita a una sospecha sobre cómo se reparte el presupuesto. Los propios medios describen una exigencia acompañada de una amenaza: apoyar a los personajes indicados o perder el contrato pagado con dinero municipal.
Un convenio de publicidad tiene un propósito preciso. El Ayuntamiento contrata la difusión de campañas informativas y el medio acredita el servicio. Ese pago no autoriza a un funcionario a decidir qué debe publicarse fuera de la campaña contratada, a quién entrevistar o qué aspirante merece un trato favorable.
Tampoco puede tratarse como un pleito privado entre el gobierno y sus proveedores. Si el encargado de Comunicación Social usó la continuidad de los convenios para imponer una línea editorial, habría convertido recursos públicos en un instrumento de presión política. Los contratos los paga la ciudad de Reynosa; no son una bolsa personal para premiar obediencias y castigar negativas.
Carlos Peña Ortiz debe responder por lo que ocurre en su administración. ¿Conocía esas instrucciones? ¿Autorizó que se ligaran los convenios al respaldo de aspirantes? ¿Quiénes eran los beneficiarios de la línea que, según los medios, se les pidió seguir? Si el alcalde sostiene que nadie actuó en su nombre, le corresponde investigar quién hizo la advertencia y mostrar qué medidas tomó.
La Constitución exige imparcialidad en el uso de recursos públicos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla el desvío de recursos y el abuso de funciones. El artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona, además, el uso ilegal de fondos, bienes o servicios públicos para apoyar o perjudicar candidaturas. Los testimonios ameritan una investigación; por sí solos no sustituyen las pruebas necesarias para determinar responsabilidades.
Hay una ruta clara para comprobar o desmentir la denuncia. Deben revisarse los mensajes, las fechas de las conversaciones, los contratos vigentes, los pagos y cualquier modificación posterior a la negativa de un medio. También debe publicarse la relación de convenios de Comunicación Social: cuánto se pagó, por qué campañas y bajo qué criterios se eligió a cada empresa.
La pregunta central es sencilla: ¿el gobierno de Reynosa contrató espacios para informar a la población o utilizó esos contratos para imponer apoyo a los aspirantes del Makiato? Quienes denunciaron la presión han puesto una versión sobre la mesa. Ahora el Ayuntamiento debe responder con documentos.
Si se acredita lo declarado por los medios, estaríamos ante el uso de convenios municipales para comprar respaldo editorial y promover con recursos públicos a los incondicionales del grupo gobernante. Los hechos podrían constituir un delito electoral si se demuestra que esos recursos se utilizaron ilegalmente para apoyar candidaturas. El artículo 11 de la ley en la materia prevé penas de dos a nueve años de prisión para el servidor público que cometa este delito.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
