El caso del alcalde de Victoria obliga a discutir un nuevo requisito de elegibilidad: que quienes administraron recursos públicos aclaren las observaciones sustantivas de su gestión antes de competir por otro cargo.
Martín Díaz / La Nube
El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, ha declarado en distintas ocasiones que aspira a la candidatura por la diputación federal del Quinto Distrito por Morena. Sin embargo, antes de pedir el voto ciudadano nuevamente para escalar a un nuevo encargo, debe responder a la confianza que le brindaron los victorenses en la pasada elección; de la forma más sencilla, debe aclarar las observaciones por más de MIL MILLONES DE PESOS que la Auditoría Superior del Estado hizo a las cuentas de su administración.
La dimensión del caso la marcan los propios informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE). En el ejercicio 2023, los informes registraron observaciones y acciones por 438.9 millones de pesos al Ayuntamiento de Victoria y 472.7 millones a la COMAPA. Para 2024, el informe municipal reportó otros 515.4 millones. Los montos de esos tres informes suman aproximadamente 1,427 millones de pesos. La ASE debe precisar cuánto fue solventado, qué sigue pendiente y si existen conceptos repetidos entre ejercicios.
Frente a las observaciones de 2024, el alcalde ha sostenido que se trata de cuestiones administrativas y de forma. Si es así, la solución es tan sencilla como transparente: publicar las constancias oficiales de solventación expedidas por la ASE. Una declaración ante la prensa jamás sustituye el dictamen de un órgano fiscalizador.
Mientras en el país se discuten nuevos candados de elegibilidad —como las restricciones por doble nacionalidad para proteger la soberanía—, resulta prioritario debatir un candado mucho más tangible para el ciudadano: la rendición de cuentas financiera como requisito para competir por otro cargo.
Los legisladores deberían impulsar una reforma que exija a todo funcionario que administró recursos públicos presentar un informe certificado de la autoridad fiscalizadora sobre el estado de sus auditorías antes de registrar una nueva candidatura. Por supuesto, la norma debe ser rigurosa y justa: delimitar responsabilidades directas, distinguir faltas menores de irregularidades sustantivas y garantizar el derecho de defensa. La regla debe impedir que un funcionario deje observaciones graves sin aclarar y pase a la siguiente candidatura como si su gestión anterior estuviera cerrada.
A la exigencia ética se suma un elemento jurídico de alto riesgo: la curul en la Cámara de Diputados otorga fuero constitucional. Si las investigaciones de la ASE derivaran en una acusación penal por el manejo de estos fondos, proceder contra un legislador requeriría una declaración de procedencia en el Congreso. ¿Por qué otorgarle inmunidad procesal a Gattás sin que antes acredite qué aclaró y qué sigue pendiente sobre el manejo del dinero de los victorenses?
La exigencia debe aplicarse sin importar siglas ni partidos. Morena está obligado a revisar a quién postula, la ASE a transparentar el estado real de los expedientes, y Gattás a mostrar las pruebas.
Primero las cuentas, después la candidatura.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
