EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Reynosa, Tam.- Mientras el discurso oficial se empeña en maquillar la crisis de seguridad, la diplomacia estadounidense asestó un severo baño de realidad al gobierno de Tamaulipas, encabezado por el morenista Américo Villarreal.
Durante la firma del Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad y el Pacto contra la Extorsión, organizada por la CANACO en Reynosa, la Cónsul General de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, expuso la cruel y paralizante realidad que enfrenta el sector productivo en la frontera.
La diplomática dejó en claro que la extorsión del crimen organizado no es una percepción, sino una plaga estructural que afecta a toda la cadena económica en Reynosa y Matamoros: desde el comercio ambulante y las pequeñas pymes hasta las grandes compañías transnacionales e industrias de exportación.
Hantsch habló duro y directo sobre la impunidad al recordar un antecedente brutal que demuestra por qué las víctimas viven bajo el terror absoluto de denunciar.
La cónsul evocó las valientes declaraciones realizadas en 2024 por el entonces presidente de la FECANACO Tamaulipas, Julio César Almanza, quien denunció públicamente que los comerciantes eran «rehenes de bandas delincuenciales» por el cobro de piso. Al día siguiente de alzar la voz, el dirigente empresarial fue ejecutado.
Con esta cruda referencia, se puso de manifiesto el grado de indefensión en el que operan los negocios: denunciar en Tamaulipas ha significado, literalmente, una sentencia de muerte ante la complacencia o incapacidad del Estado.
La representante de la Casa Blanca citó además al embajador estadounidense Ronald Johnson para enviar un mensaje directo a las autoridades mexicanas: Estados Unidos quiere ver a México libre de la interferencia de organizaciones criminales y redes transnacionales que intimidan y controlan a las comunidades.
Hantsch advirtió que el impacto del cobro de piso ya no es solo un problema local, sino una amenaza económica binacional: encarece los costos de operación, desalienta drásticamente la inversión extranjera, amenaza la integridad de los trabajadores y termina afectando a empresas y familias estadounidenses ligadas al comercio fronterizo.
La intervención de la cónsul desnuda la incapacidad de las autoridades tamaulipecas para garantizar la seguridad básica de quienes generan empleo.
Cuando los empresarios tienen que firmar «pactos contra la extorsión» bajo la sombra de líderes asesinados y ante la mirada de diplomáticos extranjeros, queda al descubierto que el crimen organizado opera como la verdadera autoridad de facto en la frontera.
