La senadora que propuso cobrar impuestos a taqueros y eloteros ahora respalda mayores facultades aduaneras. El pequeño comerciante podría enfrentar mercancía retenida, dinero inmovilizado y más riesgo de abusos.
Martín Díaz / La Nube
Periodismo con Firma
En octubre de 2019, cuando era alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez propuso ante diputados federales crear una Ley de Impuesto a la Informalidad. Entre quienes debían contribuir mencionó a taqueros y eloteros. Buscaba ampliar la recaudación y que parte de esos recursos llegara a los municipios. Aunque aquel impuesto no se concretó, las administraciones de Maki y su hijo llevan una década cobrando a los ambulantes una cuota por ocupar la vía pública. Es un cobro distinto, pero también sale de sus ventas diarias.
Ahora, desde el Senado, Maki respaldó la reforma a la Ley Aduanera aprobada el pasado 13 de octubre. Bajo el argumento de combatir la subvaluación y el contrabando, apoyó mayores facultades para retener mercancías cuando la autoridad cuestione el valor declarado. Su respaldo tiene consecuencias que debe asumir: una compra legítima también puede quedar atrapada en una controversia, y el comerciante tendrá que disponer de tiempo y dinero para defenderla.
Comprar barato no equivale a declarar un precio falso. En la frontera, conseguir saldos de ropa, calzado o refacciones en Texas puede ser lo que permite mantener un negocio. Si la aduana cuestiona ese precio y retiene los productos, el comerciante pierde la posibilidad de venderlos mientras sigue pagando renta, salarios y otros gastos.
Aunque los funcionarios deben sujetarse a los métodos de valoración establecidos en la ley, ampliar sus facultades sin controles eficaces puede abrir una ventana a la corrupción. Quien tiene la mercancía detenida y necesita recuperarla para trabajar queda más expuesto a presiones y posibles cobros indebidos. Ese riesgo forma parte de la discusión sobre la reforma que Maki respaldó.
Además, recuperar los productos mientras se resuelve la diferencia puede requerir dinero adicional como garantía. Para un pequeño negocio, eso significa comprometer recursos que necesita para volver a surtir o pagar sus gastos. La senadora debe responder por ese costo, aunque desde la tribuna resulte más cómodo hablar de recaudación y combate al contrabando.
De los taqueros y eloteros a los pequeños importadores, Maki ha respaldado medidas que exigen más al comerciante. Su responsabilidad no termina al aprobar mayores facultades para la autoridad. También debe rendir cuentas por los riesgos de abuso que esas facultades pueden generar. ¿De qué nos sirve a los reynosenses una senadora tan dispuesta a respaldar más cargas y controles para quienes menos tienen, pero a la que poco se le ve cuando toca defender al pueblo?
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
