El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, rebautiza la feria como Fiestas de Emancipación y se burla de las autoridades que deberían vigilarla. Eso lleva a preguntarnos: ¿los encargados de revisar las cuentas de la feria pasada y fiscalizar la próxima le tienen miedo o también les gusta la feria?
Martín Díaz / La Nube
Periodismo con Firma
Miguel Ángel Almaraz encontró una solución para las complicaciones jurídicas de la feria de Río Bravo: dejar de llamarle feria.
Habrá festejos y artistas, pero bajo el nombre de Fiestas de Emancipación. Según la declaración recogida por La Prensa, llamarle feria lo llevaría a dar explicaciones jurídicas hasta en Japón. El alcalde hace la broma y despacha el asunto como si el problema estuviera en el anuncio.
Qué cómoda sería la administración pública si las obligaciones desaparecieran cambiándoles el nombre a las cosas.
El detalle es que Almaraz gobierna un municipio. Sus explicaciones sobre el dinero y las decisiones del Ayuntamiento son parte del trabajo por el que cobra. Si considera que existe una diferencia jurídica entre una feria y las fiestas que organiza, debe explicarla con fundamento. Para eso tiene asesores.
El Reglamento Interno del Patronato para la Organización de Ferias y Exposiciones de Tamaulipas establece controles concretos: el artículo 5 exige que los comités municipales cuenten con autorización del Patronato y actúen bajo su coordinación; el artículo 8, fracciones VI y X, contempla aprobar programas de trabajo, presupuestos y balances, así como revisar los estados financieros de esos comités. El artículo 12, fracción II, encarga al contralor practicar auditorías al Patronato y a los comités. Y el artículo 16, fracción V, obliga a estos últimos a entregar un informe financiero y de actividades dentro del mes siguiente a la terminación de cada evento.
El ordenamiento habla de ferias, exposiciones y eventos dentro de su ámbito. No contiene una salida que diga: cámbiele el nombre y siga adelante.
Para determinar qué obligaciones concretas corresponden al festejo de Río Bravo hay que conocer su organización, los convenios y la participación de las autoridades. Ésa es la explicación pendiente. La palabra emancipación, por sí sola, no la resuelve.
Y aun si el Ayuntamiento demostrara que el evento queda fuera de ese régimen, el dinero público seguiría sujeto a revisión. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas comprende a los municipios y a particulares que reciben o manejan recursos públicos. Ahí no importa cómo bautizó el alcalde su celebración. Importa de dónde salió el dinero y cómo se utilizó.
Almaraz, además, tiene un antecedente cercano.
El 26 de enero de 2026, el Congreso de Tamaulipas aprobó el Punto de Acuerdo 66-312 para solicitar a la Auditoría Superior del Estado una revisión de los recursos, contratos y posibles incumplimientos relacionados con la Feria de Río Bravo 2025. La petición quedó por escrito, con número y fecha.
Antes de anunciar la siguiente fiesta, sería bueno saber en qué quedaron las cuentas de la anterior.
¿Qué información entregó el Ayuntamiento? ¿Qué respondió la Auditoría? ¿Hubo revisión y cuáles fueron sus resultados? Hasta ahora, los documentos aquí consultados acreditan la solicitud, no su desenlace.
Para el próximo festejo las preguntas son igual de sencillas: cuánto pondrá el municipio, quién contratará a los artistas, quién cobrará las entradas y quién recibirá lo que se pague por los espacios comerciales.
Si una empresa organiza, debe conocerse el convenio. Si el Ayuntamiento aporta dinero, instalaciones, personal o servicios, debe precisarse cuánto y bajo qué condiciones. Si hay ingresos para el municipio, deben quedar registrados. Todo eso se explica con documentos.
Lo cuestionable de la declaración de Almaraz es la ligereza con que trata el asunto. Lleva hasta Japón una pregunta que debe responder en Río Bravo. Convierte las exigencias jurídicas en una exageración y deja la impresión de que encontró una manera de quitarse de encima a quienes preguntan.
Pero un alcalde no decide qué puede revisarse según el nombre que le pone a su evento.
Puede llamarle Fiestas de Emancipación. Lo que falta es que explique de cuáles obligaciones cree haberse emancipado.
Almaraz parece haberles tomado la medida a quienes deben fiscalizar. Y ellos tienen que aclarar qué pasó con la revisión solicitada por el Congreso. Porque mientras el alcalde bromea, la pregunta queda sobre la mesa: ¿le tienen miedo o también les gusta la feria?
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
