FUENTES FIDEDIGNAS
Por Isaías Álvarez
La escena fue digna de un guion de telenovela política. El cabildo de Río Bravo, por mayoría, declara una investigación sobre exalcaldes “por daño patrimonial”: 37 millones de pesos en impuestos federales no pagados durante la gestión de Juan Diego Guajardo y Carlos Rafael Ulivarri López. El dinero en cuestión era —supuestamente— para obras, avenidas y calles. Quizá sin saberlo, el ayuntamiento inició lo que ya parece una escena que los coloca en la mira.
El primer contragolpe lo protagonizó Juan Diego Guajardo, quien rápidamente se lanzó a la yugular. Con tono condescendiente, tachó a sus acusadores de ignorantes, y aclaró que la deuda era histórica, de alrededor de 10 M, con el resto correspondiente a multas y recargos. Argumentó que esos impuestos, retenidos de nóminas, pueden recuperarse automáticamente una vez pagados al SAT, según el Artículo 3‑B de la Ley de Coordinación Fiscal. En otras palabras: una defensa técnica que parece más una cobertura contable, pero ¿qué tan “daño patrimonial” es si el SAT devolvería el dinero?
Días después, el segundo exalcalde señalado, Carlos Ulivarri, salió con una réplica un tanto más agresiva. Acusó al actual alcalde y su cabildo de falta de “capacidad para dialogar con dependencias federales” y hasta de nepotismo: aludió a la regidora Copitzy Hernández con respecto a familiares directos trabajando en el ayuntamiento. Además, Ulivarri apuntó al tufo de irregularidades en compras de vehículos sin licitación y criticó obras de pavimento consideradas de mala calidad: “embetunadas” y “con baches pronunciados”; también acusó que tenían a empleados a medio salario desde que inició la administración. En pocas palabras, les sacó los trapitos al sol. No contaban con la frase basada en la tercera ley de Newton: toda acción, tiene una reacción.
El ayuntamiento pensó que exhibir el presunto saqueo de 37 M los elevaría al pedestal de la rectitud. Pero al airear las evidencias, recibieron a cambio una avalancha de defensa técnica, señalamientos de venganza política y malos manejos. Los exalcaldes no sólo se defendieron, respondieron con fuerza. En redes, el mensaje fue claro: si atacas, también te atacarán, y parece que el ayuntamiento entendió a la mala, pues desde las respuestas emitidas por los exalcaldes, ya no emitieron ni un comentario sobre ese tema; solamente publicaciones anónimas en redes, pero de los tres bandos echándose tierra. A la fecha, el bombardeo mediático en redes apunta con más fuerza al actual gobierno: ¿nepotismo? ¿cómo fueron los contratos para comprar las patrullas y camiones recolectores de basura? No lo decimos nosotros, lo dijo Carlos Ulivarri.
Cabe señalar también que, a la pasada administración, a quien en mas de una decena de veces se vio la guerra sucia en redes en su contra, no la mencionaron ni por error ¿Miedo de que el exalcalde sea el Secretario General de Gobierno?
Tamaulipas, que carga con el estigma de la impunidad, las acusaciones por malos manejos siempre terminan en un triste final: archivos muertos, carpetas engavetadas y administración tras administración donde todo se olvida. Las irregularidades en las obras municipales —ya sea en pavimento, compra de maquinaria o adjudicaciones directas— no son nuevas; se repiten como canción pegajosa en cada transición. Cuando una administración emergente quiere apuntarse un éxito electoral, la estrategia de “denunciar y exhibir” se convierte en arma de doble filo: el señalamiento expone, pero también abre boquetes para que salgan a luz los errores propios.
El refrán no falla: “Quien se mete al lodo, sale manchado”. El cabildo de Río Bravo quiso lucirse como defensor de la transparencia y la rectitud. ¿El resultado? Un espectáculo político de defensas recargadas, señalamientos de nepotismo, arena electoral y gente enlodada. Han terminado quemando cartuchos y divirtiendo al electorado, pero pagando el precio de su propia imprudencia.
Lo más grave: el caso ha dejado al descubierto un sistema político donde la crítica pública se convierte en espectáculo y el verdadero daño estructural —obra pública de mala calidad, contratación sin licitar, familiares en la nómina municipal— es una trama con complicidades que sobreviven en el silencio institucional.
Río Bravo nos regala una lección de cinismo y eficacia inversa: en los asuntos públicos, exhibir a alguien puede volverse contra ti cuando no conoces el terreno que pisas. Si vas a lanzar acusaciones, prepárate para que te devuelvan la misma moneda. Porque cuando te metes al lodo político sin tener botas firmes, igual te embarras —y quizás más—. El auténtico daño al municipio no termina cuando se señala, sino cuando se demuestra que el que acusa no es más sucio que el señalado. En Río Bravo, por ahora, todos han quedado igual de tiznados.
