Orden de aprehensión relacionada
al huachicol fiscal de Tampico, Tam.
TOMADA DE NOTICIAS DE TAMPICO
Ciudad de México.- En un golpe contra el crimen organizado, un juez federal ha emitido órdenes de aprehensión contra Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques” o “Roberto Brown”, y tres de sus socios, por su presunta participación en el tráfico ilícito de 8 millones de litros de combustible, conocido como huachicol fiscal, asegurado en marzo en un inmueble del puerto de Ensenada, Baja California.
Este caso revela una red de operaciones ilegales vinculada a empresas de transporte y conexiones con el crimen organizado.
El operativo realizado en un predio ubicado en la autopista Rosarito-Ensenada, kilómetro 100, en la colonia El Sauzal, permitió el decomiso de una flota de vehículos utilizados para el transporte ilícito de combustible. Entre los indicios asegurados se encuentran:
II 10 tractocamiones y 17 pipas con la leyenda “Auto Líneas Roca”.
II 8 tractocamiones y 24 pipas rotuladas como “Mefra Fletes, S.A. de C.V.”.
II 2 tractocamiones y 6 pipas marcadas con “Cristian Noé Amaya Olvera AMOL”.
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que las empresas Mefra Fletes y Amol no cuentan con permisos para operar en el comercio exterior de hidrocarburos ni para actividades relacionadas con el manejo de combustibles. Sin embargo, estas compañías habrían facilitado el traslado de diésel y gasolina de origen ilícito, provenientes principalmente de Estados Unidos, a través de los puertos de Ensenada, Altamira y Tampico, administrados por la Secretaría de Marina.
Los Implicados y sus conexiones
El juez Sergio Adolfo Peniche Quintal, del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, ordenó la captura de:
Roberto Blanco Cantú, señalado como propietario de Mefra Fletes y líder de la operación.
José Isabel Murguía Santiago, hermano de un exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el caso del rancho Izaguirre.
José René Tijerina Mendoza, con antecedentes de al menos 29 viajes al extranjero, lo que sugiere recursos para evadir la justicia.
Jesús Tadeo Amaya Olvera, hermano de Cristian Jesús Amaya Olvera, propietario de Amol, empresa también implicada en el caso.
Además, se menciona a Anuar González Hemadi, exjuez y administrador único de Mefra Fletes, quien ya se encuentra detenido. Las investigaciones apuntan a que los involucrados utilizaron identidades robadas para crear Mefra Fletes, una práctica que complicó el rastreo de sus operaciones.
Movimientos para evadir la Justicia
Tras el aseguramiento en Ensenada, los implicados tomaron medidas para evitar ser capturados. La FGR detectó que Mefra Fletes abandonó sus oficinas en San Pedro Garza García, Nuevo León, desde abril de este año, tras el inicio de las investigaciones. Escuchas telefónicas revelaron que Jesús Tadeo Amaya Olvera presumió contar con entre 25 y 30 millones de pesos para sobornar autoridades o mantenerse en la clandestinidad.
Asimismo, se sabe que Blanco Cantú, Murguía Santiago y Tijerina Mendoza tienen los recursos y contactos para salir del país, lo que ha complicado su localización. La FGR continúa rastreándolos, pero hasta el momento no han sido detenidos.
Implicaciones legales
El delito de posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos que se les imputa conlleva penas de entre 12 y 17 años de prisión. Este caso pone en evidencia la complejidad de las redes de huachicol fiscal, que aprovechan vacíos legales y la infraestructura portuaria para operar, afectando tanto la economía como la seguridad nacional.
Un llamado a la acción
La orden de captura emitida el pasado viernes representa un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado en México. Sin embargo, la capacidad de los implicados para evadir a las autoridades y sus posibles conexiones con grupos delictivos como el CJNG subrayan la necesidad de una acción coordinada entre las instituciones para desmantelar estas redes. Mientras la FGR intensifica la búsqueda de los prófugos, el caso de “El Señor de los Buques” sigue siendo un recordatorio de los retos que enfrenta el país en el combate al tráfico ilícito de combustibles
