El alcalde esquiva la ley y privilegia a un grupito de médicos, otorgándoles contratos a modo sin competencia ni transparencia.
Martín Díaz / La Nube
El análisis de los informes de Transparencia de Matamoros para el ejercicio 2025 exhibe un preocupante patrón de opacidad y discrecionalidad en la gestión de la salud de los trabajadores municipales, una política que recae directamente bajo la supervisión de la administración del Alcalde Alberto Granados.
Lejos de la eficiencia y la economía que exige la ley, la Secretaría de Administración ha instaurado una práctica que desafía toda lógica presupuestal: la fragmentación intencional de los servicios médicos especializados, evadiendo el concurso público y optando sistemáticamente por el traje a la medida de la adjudicación directa. Esta no es solo una deficiencia administrativa; es una decisión política que anula la competencia.
La pregunta que debe responder la Presidencia Municipal es: ¿Por qué se prioriza la contratación a dedo de médicos individuales sobre la licitación de un servicio integral que abarate costos para el erario?
El Modelo de Contratación: Un Expediente Clínico de Riesgos
La Secretaría de Administración está contratando a especialistas de forma individual bajo la figura de Servicios Profesionales por Honorarios (Partida 3300), evadiendo el modelo de Licitación Pública que aseguraría la mejor oferta y precio para el Ayuntamiento.
El patrón es inequívoco:
Otorrinolaringología: Dr. Manuel Francisco Barrientos Suarez.
Nefrología/Hemodiálisis: Dr. Santiago Alberto Menchaca Alanis.
Cirugía Vascular: Dr. Mario Vasquez Hernandez.
Ginecología: Dr. Tomas Alejandro Barrios Ramos.
Radiología e Imagen: Dr. Luis Manuel Reynga Aguirre.
Todos estos contratos comparten dos características que representan un riesgo para las finanzas públicas:
1. La Adjudicación Directa: La Excepción Convertida en Norma
La ley de adquisiciones obliga a justificar el por qué no se recurre a la competencia abierta. Al contratar a cinco especialistas distintos mediante adjudicación directa, el Ayuntamiento implícitamente argumenta que cada uno de estos médicos es un proveedor único o insustituible para su respectiva especialidad, a pesar de la existencia de múltiples profesionales y clínicas en Matamoros.
Esto no solo sugiere una posible falta administrativa por la indebida aplicación del procedimiento, sino que socava la capacidad de negociación del Municipio. Al no haber competencia, el Ayuntamiento renuncia al poder de obtener descuentos por volumen o paquetes de servicios integrales.
2. El Contrato Abierto: Un Cheque en Blanco para el Gasto
La situación se agrava porque todos estos acuerdos son Contratos Abiertos de Monto Variable. El gasto total anual no está definido; se paga por cada consulta, estudio o cirugía que se realice.
Este mecanismo es peligroso porque transfiere el control presupuestal del Ayuntamiento al proveedor. Si la demanda de un servicio (por ejemplo, hemodiálisis o cirugías ginecológicas) se incrementa, el Ayuntamiento está obligado a pagar, sin un tope presupuestal fijo para la vigencia del contrato. En esencia, se ha creado un sistema de pago a la carta donde la única comprobación es el recibo del médico individual, dificultando la auditoría del gasto global en salud.
Urge Desintoxicar la Contratación
La elección de fragmentar el servicio médico en contratos individuales y la sistemática evitación de la licitación pública señalan una grave deficiencia en la política de adquisiciones de la Secretaría de Administración.
La transparencia exige que se demuestre que el Dr. Barrientos, el Dr. Menchaca, o cualquier otro especialista individual, ofrecen un servicio más eficiente y económico que un proveedor integral licitado. Mientras esto no se demuestre con datos duros, el Ayuntamiento estará operando bajo un modelo de salud opaco, ineficiente y susceptible de ser utilizado para el favoritismo. La ciudadanía de Matamoros merece que sus recursos se inviertan bajo la luz de la competencia y el estricto control presupuestal.
