La inhabilitación de un juez federal (presunto protector de CV), así como la negación de un amparo para el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y cuatro de sus familiares más cercanos, volvieron a encender la mecha punitiva y justiciera. Paradójicamente, todo esto ocurre justo por estos días amorosos de febrero, cuando las calles se llenan de rosas rojas, corazones y ositos de peluche.
Lo anterior deja vigente la orden de aprehensión que ya existía contra el ex mandatario tamaulipeco y su entorno filial, por los delitos de lavado de dinero, fraude fiscal y delincuencia organizada. Las dos órdenes de captura contra CV, datan de 2021, (por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita entre otros), y 2024, (delincuencia organizada).
Las anteriores determinaciones de carácter judicial, dejan a Cabeza y a sus familiares más cercanos, en un estatus legal muy comprometido. Nada más y nada menos que como prófugos de la justicia en una de las ciudades estadounidenses, donde ahora residen.
La posición del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, es aun más incómoda, pues ahora resulta que su representante ante América del Norte, es un prófugo de la justicia mexicana. No sabemos cual sea ahora la opinión del dirigente nacional blanquiazul, Jorge Romero, después de haberle extendido un polémico nombramiento a Cabeza, el pasado ocho de diciembre de 2025.
En su momento JR negó que dicha acción, haya buscado brindar protección al político prófugo de la ley, y acusado delitos federales graves. Hoy, los hechos indican que Romero sí buscó protegerlo.
Sin embargo, pese a esta situación que coloca a Cabeza y su familia en el filo de la navaja, el ex mandatario estatal y los suyos, no pueden ser detenidos en Estados Unidos, hasta que no se cumpla el debido protocolo legal.
