Tras el aval en comisiones, el Congreso de Tamaulipas perfila una reforma que castiga la narrativa digital con hasta siete años de prisión; un intento de «populismo penal» que busca silenciar el mensaje ante la incapacidad de frenar el delito y la colusión oficial.
Martín Díaz / Periodismo con Firma
El Congreso de Tamaulipas avanza, con una unanimidad que debería alarmarnos, hacia la aprobación de reformas que endurecen las penas contra la «apología del delito». La propuesta, que promete hasta siete años de prisión para quien utilice medios de comunicación o redes sociales para exaltar conductas ilícitas, se presenta bajo el noble cobijo de «proteger el tejido social». Sin embargo, tras la fachada de la seguridad pública, se esconde una herramienta de censura que busca controlar la conversación sobre la violencia, en lugar de controlar la violencia misma.
1. La Vía Rápida del Populismo Penal
La reforma impulsada por el diputado Marcelo Abundiz es un ejemplo clásico de populismo penal. Ante la incapacidad del Estado para frenar la operatividad de los grupos delictivos, el gobierno recurre a legislar sobre la percepción. Es mucho más sencillo procesar a un usuario de redes sociales por un «like» o a un periodista por una crónica cruda, que desarticular una red de extorsión o limpiar las corporaciones policiales de la colusión estructural que la propia reforma menciona, pero apenas rasguña con agravantes de papel. Se está eligiendo el camino fácil de castigar lo que se dice, ignorando lo que se hace.
2. El Espejo de Modelos Fallidos
Esta iniciativa no es nueva; es el reflejo de intentos similares en estados como Michoacán o Veracruz. Es una «ley espejo» que copia modelos que ya han demostrado su ineficacia para reducir el crimen, pero su alta efectividad para silenciar a la prensa local. Al igual que en esos antecedentes, la redacción en Tamaulipas es peligrosamente ambigua. ¿Dónde termina la cobertura informativa de una «manta» o un video criminal y dónde empieza la apología? La falta de claridad jurídica deja esta decisión al arbitrio de la Fiscalía, convirtiendo la ley en un arma política para perseguir narrativas incómodas.
3. El Ataque Directo a la Libertad de Expresión
El riesgo más grave radica en la criminalización de la labor periodística. Al establecer que la sanción procede «aunque el delito no se concrete», la ley rompe con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Corte ha sido clara: para que el discurso sea delito, debe existir una incitación directa e inminente a la violencia. Esta reforma, en cambio, castiga el mensaje por sí mismo, independientemente de su impacto real.
Para los medios en Tamaulipas, esto implica un «efecto inhibidor» inmediato. Ante la amenaza de siete años de cárcel, las redacciones optarán por la autocensura. Dejaremos de informar sobre la realidad de ciertas zonas para evitar que una crónica sea interpretada como «glorificación». Al final, el principal afectado será el ciudadano, quien perderá su derecho a estar informado sobre lo que sucede en su entorno.
Llamado al Pleno
La pelota está ahora en la cancha del Pleno del Congreso local. Los diputados tienen la oportunidad —y la responsabilidad histórica— de no legislar sobre las rodillas ni bajo el impulso de la narrativa política del momento. Aprobar esta reforma tal como viene de comisiones es abrir una caja de Pandora que terminará en los tribunales federales, pero que en el camino atropellará el derecho de los tamaulipecos a estar informados. Antes de levantar la mano para votar, los legisladores deben preguntarse: ¿Están fortaleciendo la seguridad o simplemente están blindando la opacidad? La paz no se decreta por ley, y mucho menos encarcelando al mensajero.
